La reacción política se repite cada año, el debate se atasca en las competencias, en los reproches de falta de inversión para prevención, que corresponde a las Comunidades Autónomas; en la desproporción de fiar el poco gasto a la extinción y en el hecho que extinción y reparación multiplican exponencialmente el gasto final del presupuesto del Estado, es decir de todos los contribuyentes, sin poder revertir el daño ambiental; en el bloqueo de un pacto de Estado que nadie debería frenar por cálculo partidista. Como en el juicio del rey Salomón, se prefiere partir al niño antes que cederlo, aunque ese niño sea el interés general y la seguridad de la gente.La rendición de cuentas no se puede limitar ya a comparecencias ministeriales. El Congreso de los Diputados debe ser proactivo, fiscalizar el funcionamiento de la política forestal y de prevención de incendios, con competencias repartidas entre administraciones, y escuchar a científicos, expertos y profesionales. En más de diez años y cinco legislaturas - de la XI a la XV-, el Congreso de los Diputados no ha constituido ni una sola comisión de investigación, comisión de estudio o subcomisión dedicada específicamente a los incendios forestales.La ciencia, las universidades y el Colegio de Ingenieros de Montes llevan años avisando. La gestión forestal sostenible y las políticas contra el abandono rural son esenciales para rebajar el combustible que la masa forestal acumula en los bosques y recuperar el paisaje mosaico, un paisaje agroforestal que combina campos de cultivo, zonas de pastos y de bosque y que actúa como barrera natural frente al fuego.Hay que combatir el negacionismo climático tanto como el fuego: no previene, no educa, retira financiación y malogra la convivencia. Se lo debemos a las víctimas y a quienes se juegan la vida por nosotros, apagando incendios fuera de control, demasiadas veces cada verano.Conviene saber lo qué está en juego. Los incendios entraron en la planificación de seguridad nacional en 2011, con la primera Estrategia Española de Seguridad, como un riesgo ambiental ligado al cambio climático. Diez años después, la Estrategia de 2021 los sitúa entre los principales peligros en emergencias y catástrofes y el Informe Anual de Seguridad Nacional de 2025, los describe ya como una amenaza en aumento. El dato es inequívoco: en 2025 ardieron 350.000 hectáreas, el peor balance en lo que va de siglo y en lo que va de año 2026, han ardido más de 170.000 hectáreas, seis veces más que el año anterior en esta fecha.Arde España y es imposible no sentir solidaridad, compasión y rabia, por el reiterado sufrimiento cada verano. Arden Almería, Ávila, Madrid, Toledo, Castellón, y lo vivimos como daño propio, porque arde el monte, que es patrimonio de todos, pero también nuestras casas, pueblos, urbanizaciones, empresas y nuestra misma vida.