Habrá veranos peores que este. Habrá incendios aún más grandes y olas de calor aún más severas. Se trata de una verdad científica. Por eso, la tragedia de los incendios de 2025 debería servir para que todas las administraciones hagan un examen riguroso de la preparación de España para la próxima vez. Ver los recursos tensionados al máximo ayuda a detectar por dónde se abren las costuras. Los profesionales saben con precisión dónde han estado los fallos. Sin embargo, lo mismo no se puede decir en el ámbito político. Esa confusión es deliberada.
Las comunidades autónomas tienen competencias en emergencias desde 1985. El sistema actual establece tres niveles. En nivel 1, el mando y los recursos son de la comunidad autónoma. En el nivel 2, la comunidad pide recursos al Gobierno central, como la UME, pero el mando sigue siendo autonómico. Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias han declarado el nivel 2. En el nivel 3, el Gobierno central asume el mando, de oficio o a petición de una comunidad, ante una emergencia de ámbito nacional. La colaboración institucional desaparece y todo pasa a depender del ministro del Interior. Durante el apagón, siete comunidades del PP pidieron el nivel 3. En estos incendios, ninguna. Con buen criterio: sería del todo ineficiente que desde un despacho de Madrid se tomaran decisiones críticas minuto a minuto sobre un incendio en El Bierzo.
