Con 15 grandes incendios forestales todavía activos y buena parte de la mitad norte del país en un nivel de riesgo muy alto o extremo, el Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de zonas catastróficas de las áreas quemadas por las tres graves oleadas de fuegos que España ha encadenado desde finales de junio. No había un asunto más urgente sobre la mesa el Gobierno en su primera reunión del nuevo curso que habilitar la vía para que las decenas de miles de afectados por esos siniestros puedan recibir cuanto antes las ayudas directas y las exenciones fiscales previstas por la normativa.

Los datos de Interior retratan una de las mayores catástrofes medioambientales de este siglo, concentrada además en menos tiempo. Entre el 24 de junio y el pasado lunes, el periodo considerado por el Gobierno para la declaración de catástrofe, se han registrado 114 incendios que afectado a 16 comunidades (todas menos el País Vasco, y Ceuta y Melilla). Literalmente, España ha ardido. La superficie quemada se acerca a las 401.000 hectáreas, según los datos provisionales del sistema europeo EFFIS. Solo esos dos meses suponen la peor temporada de incendios en tres décadas. Una tragedia que se cifra también en daños personales, los peores (ocho fallecidos y un número de heridos aún por cuantificar), y multimillonarias pérdidas materiales. Aún quedan cuatro semanas de verano.