España se enfrenta a una situación excepcional ante la sucesión de incendios forestales, que han quemado ya casi 112.000 hectáreas y causado tres muertos. Son este tipo de catástrofes las que llevan al límite los recursos de cualquier nación, pero al tiempo muestran si está preparada para hacerles frente. Los recursos no son infinitos. No existen ni la prevención perfecta ni el riesgo cero, pero un país abrasado por el calor se está viendo sobrepasado por el fuego sin que parezca haber aprendido las lecciones del pasado. En el caso de los incendios, además, se trata de una catástrofe reiteradamente anunciada.
Tiempo habrá cuando pase lo peor para señalar las responsabilidades de cada cual en términos de recursos, respuesta y coordinación entre los dispositivos, en los que están implicados todas las administraciones, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos. Pero decenas de miles de afectados repiten que se han sentido abandonados. Si bien las principales competencias en esta materia son autonómicas y la respuesta tiene que ser gestionada lo más pegada al terreno posible, se echa de menos un liderazgo estatal. Sobre la mesa están ya las duras quejas de los profesionales de la extinción, especialmente los de Castilla y León, por la falta de medios o sus precarias condiciones laborales. Quejas que se vienen repitiendo los últimos años sin que estos trabajadores, en la primera línea de la lucha contra las llamas, hayan visto el menor avance. El drama de estos días ha puesto ante los ojos de todos los ciudadanos la realidad de que muchos profesionales se están jugando literalmente la vida por poco más del salario mínimo. O que los propios vecinos voluntarios se arriesgan a morir porque resultan imprescindibles para salvar sus pueblos.
