Las im�genes de miles de hect�reas calcinadas, pueblos evacuados y viviendas destruidas se han convertido en un cl�sico de terror cada verano. Las promesas de reforzar los medios de extinci�n y la coordinaci�n entre administraciones para solucionar el problema son un d�j� vu desesperante. Y cada oto�o el debate finaliza y hasta la siguiente campa�a. As� durante a�os. Los incendios forestales no son s�lo una emergencia ambiental, son un problema econ�mico de primer orden que abarca destrucci�n de patrimonio natural, p�rdidas en agricultura, ganader�a, producci�n forestal y turismo; sin olvidar el enorme coste de extinci�n, indemnizaciones, reconstrucci�n y contaminaci�n atmosf�rica. Todo el mundo sabe que es mucho m�s barato mantener un monte limpio que extinguir un gran incendio. Sin embargo, lejos de atajar el problema se deja crecer, porque el impacto de la Espa�a vaciada, la desaparici�n de la ganader�a extensiva, el descenso del aprovechamiento maderero y la expansi�n natural de la masa forestal generan una acumulaci�n de biomasa sin precedentes que urge gestionar. Algunos expertos indican que esta evoluci�n da lugar a lo que denominan incendios de sexta generaci�n, capaces de crear su propia meteorolog�a. El problema no es tanto jur�dico como pol�tico y presupuestario, porque Espa�a tiene una legislaci�n amplia -que convendr�a simplificar- como es la ley de montes del a�o 2003, que obliga a las CCAA a elaborar planes anuales de prevenci�n, vigilancia y extinci�n, y al Estado a fijar la pol�tica general. Pero la gesti�n forestal est� excesivamente fragmentada entre administraciones con prioridades distintas, presupuestos desiguales y una coordinaci�n d�bil en la prevenci�n cotidiana. Es urgente un cambio de modelo. Espa�a necesita un presupuesto plurianual de prevenci�n, blindado frente a los cambios pol�ticos, que garantice todo el a�o la limpieza de montes, los aprovechamientos forestales, el mantenimiento de cortafuegos y tambi�n apoyo a la ganader�a extensiva. Y, sobre todo, convendr�a simplificar los procedimientos administrativos para facilitar la actividad en el monte a sus propietarios. Mientras el debate siga centrado en cu�ntos medios a�reos desplegar cuando las llamas ya son imparables, Espa�a continuar� pagando una factura econ�mica y ecol�gica infinitamente superior a la inversi�n necesaria para cuidar sus montes. El bosque no se quema s�lo por el calor, arde por d�cadas de abandono y de falta de gesti�n. Y esa es una decisi�n pol�tica.