La transparencia en las condiciones de trabajo y los sueldos marcará el otoño de los departamentos de recursos humanos, con muchas dudas sobre hasta dónde llegan las legislaciones que ha aprobado o está negociando en estos momentos el Ministerio de Trabajo y las obligaciones que comportan. No es para menos: la situación política y las fricciones con los agentes sociales y en el seno del propio Gobierno están disparando la incertidumbre.A la espera de que los textos lleguen al Boletín Oficial del Estado, las novedades amplían de forma notable lo que una empresa debe contar a sus trabajadores: explicar el uso de algoritmos, el detalle de los planes de igualdad y de pensiones, criterios de progresión salarial e incluso la brecha salarial. Mucha de esa información deberá facilitarse antes de que el trabajador se incorpore al puesto y constar en el propio contrato, aunque los que ya están en plantilla también podrán solicitarla.
El primer paso en esta escalada es la aprobación del Real Decreto por el que se transpone la Directiva UE relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. El Consejo de Ministros le ha dado luz verde con un retraso de casi cuatro años y de manera parcial. La imposibilidad de sacar adelante un proyecto de ley en el Congreso de transposición obligó a rebajar el rango de una norma que en su versión inicial incluía sanciones y limitaciones claras como las de ampliar con convenio el periodo de prueba.
