El Ministerio de Trabajo aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros la transposición de parte de la directiva de condiciones laborales transparentes para intentar evitar una multa de la Comisión Europea por el retraso en la incorporación a la legislación nacional de la norma, en vigor desde 2019. Trabajo intentó aprovechar la transposición para elaborar una ley más amplia, pero el proyecto lleva en el Congreso desde 2024 y el proceso legislativo permanece estancado por la falta de apoyos del Ejecutivo.
Según fuentes del ministerio, el real decreto incorpora varios de los términos esenciales de la directiva, que consisten en trasladar a las empresas más obligaciones formales de información sobre las condiciones laborales de cada trabajador. Aunque las nuevas obligaciones de información son para todas las empresas, solo se tendrán que incorporar en los nuevos contratos. Para los contratos ya existentes, es el trabajador el que tiene que solicitar expresamente por escrito que se informe de los detalles si no cuenta con ellos en la actualidad, y la empresa debe responderle en un plazo de 30 días.
La norma obliga a las empresas a detallar por escrito los elementos esenciales del contrato, como son la remuneración, la duración de la jornada, la distribución y el periodo de prueba desde el inicio de la relación laboral. Aspectos que ya se cumplen en algunos casos, pero que quedan difusos en otros. Puede beneficiar, especialmente, a los trabajadores con horarios variables o irregulares, que tendrán derecho a tener horarios de trabajo y de descanso más previsibles, conociendo al menos el patrón por el que se pueden establecer.
