El Gobierno aprobará el martes, cuatro años después del plazo fijado por Bruselas, la transposición de la directiva que obliga a los empresarios a aportar más información contractual a los empleados
El Consejo de Ministro del próximo martes aprobará un decreto que obligará a los empresarios a aportar más información a los trabajadores sobre sus condiciones laborales. Con ese texto, el Gobierno transpone una directiva europea aprobada en 2019 (relativa a condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea) que debía haber quedado sellada en la normativa española como tarde en 2022. Cuatro años después, fuentes del Ministerio de Trabajo anuncian que se aprobará el próximo martes y que la tardanza (que aún no se ha traducido en una multa comunitaria) se debe a que han intentado afinar el contenido y recoger las aportaciones de los agentes sociales. Una de las principales novedades que introduce el decreto es que las empresas tendrán que justificar con más argumentos cuando se establezcan periodos de prueba superiores a seis meses, de manera que Trabajo espera que este tipo de acuerdos resulten menos frecuentes.
El Estatuto de los Trabajadores da margen a los convenios colectivos para establecer cualquier periodo de prueba, pero esto no es lo común. Lo habitual es que esos acuerdos entre sindicatos y patronales ya limiten los periodos de prueba, como mucho, a lo que establece la ley cuando no hay acuerdo por convenio. Es decir, un máximo de seis meses para los técnicos titulados con contratación indefinida; dos meses para el resto de contratados en empresas de más 25 empleados y tres meses en las de plantillas menores; y un mes para relaciones laborales inferiores a seis meses.
