En la adaptaci�n de la directiva deben primar los intereses de los trabajadores y sus empleadores.El Gobierno enfrenta un dilema en la adaptaci�n de la directiva europea sobre transparencia salarial. Si quiere una aplicaci�n inmediata que mejore la informaci�n disponible para los representantes de los trabajadores y, de paso, evite la amenaza de sanci�n por parte de la Comisi�n Europea, que acaba de advertir a nuestro pa�s por su retraso en la transposici�n de varias normativas obligatorias, �sta entre ellas, tendr�a que aprobarla con una modificaci�n simple del real decreto de 2020 sobre igualdad retributiva. Sin embargo, ello conllevar�a, al igual que con el endurecimiento del registro horario para las pymes, renunciar a un incremento de las sanciones por los posibles incumplimientos de las empresas, ya que una modificaci�n de este calado necesitar�a del refrendo parlamentario, lo que a d�a de hoy se antoja inviable por la p�rdida de apoyos de sus aliados pol�ticos. Pero esa posible adaptaci�n light de la directiva europea enervar�a a los sindicatos, que reclaman al departamento de Yolanda D�az, a quien han venido respaldando ciegamente en casi todas sus propuestas, que incluya duras penalizaciones a los empresarios que no se ajusten a las nuevas obligaciones de transparencia en materia de salarios. En caso contrario, las centrales sindicales amenazan con posicionarse p�blicamente por primera vez en contra de una norma promovida por el Ministerio de Trabajo desde que lo dirige D�az, lo que ser�a otro rev�s para la l�der de Sumar en el Ejecutivo, ya muy debilitada pol�ticamente por los malos resultados electorales de su formaci�n. A pesar de estas presiones, la adaptaci�n de la directiva europea sobre transparencia retributiva deber�a primar los intereses de los asalariados y de sus empleadores antes que las conveniencias personales o las visiones ideologizadas respecto a lo que deber�an ser unas relaciones laborales basadas en la confianza entre los agentes econ�micos. Convertir la normativa europea en un cors� retributivo terminar�a siendo perjudicial para la mayor�a de los trabajadores, que ver�an limitada su capacidad de negociaci�n con sus respectivas empresas para tratar de mejorar sus condiciones econ�micas, y tambi�n para el conjunto de la econom�a espa�ola, al desincentivar las mejoras de productividad y la captaci�n de talento. Con la propuesta actual del Ministerio, las compa��as en las que se identifiquen diferencias salariales no justificadas dispondr�n de un m�ximo de dos meses para poner en marcha medidas correctoras.