El próximo 7 de junio concluye el plazo para que España transponga a su legislación laboral la directiva europea de transparencia salarial que pretende acabar con el secreto salarial para evitar la discriminación y la única certeza con la que cuentan trabajadores y empresas es que el Gobierno va a incumplir ese plazo. De hecho, el Ministerio de Trabajo habla de un plazo de semanas para cerrar un borrador de real decreto que presentar a patronal y sindicatos, a pesar de que insiste en que la nueva norma es un compromiso "urgente" y "prioritario".El departamento que dirige Yolanda Díaz no abrió a finales de abril el trámite de consulta previa para recibir las aportaciones y sugerencias de los agentes sociales y otros actores interesados a la hora de iniciar la redacción de un real decreto (una fórmula inferior en rango legal al decreto ley pero que evita una votación por el Congreso de los Diputados) que recogería la directiva aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeo hace ya tres años. Pero Trabajo aún no cuenta con un texto que presentar en la mesa del diálogo social.
El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que, aunque no se llegue al 7 de junio, España cuenta con un "plazo razonable" para cumplir y ha recordado que la norma no ha contado con una aprobación "generalizada" entre los 27. Aun así, ha insistido en que la directiva "constituye una de las prioridades legislativas" para su departamento y ha recordado que España tuvo un "papel muy destacado" en que la directiva recibiera luz verde en Bruselas.
