El próximo 7 de junio concluye el plazo para que España transponga a su legislación laboral la directiva europea de transparencia salarial que pretende acabar con el secreto salarial para evitar la discriminación y la única certeza con la que cuentan trabajadores y empresas es que el Gobierno va a incumplir ese plazo. De hecho, el Ministerio de Trabajo habla de un plazo de semanas para cerrar un borrador de real decreto que presentar a patronal y sindicatos, a pesar de que insiste en que la nueva norma es un compromiso "urgente" y "prioritario".

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