Un ataque fronterizo instigado por redes sociales que no se supo predecir y una crisis migratoria posterior que no se supo calibrar. Y todo en pleno mes de agosto, con la administración a medio gas por las vacaciones de verano. Esa es la principal conclusión que se comparte de puertas hacia dentro entre los distintos departamentos del Gobierno implicados en la gestión de un problema que hoy mantiene al Ejecutivo de Pedro Sánchez contra las cuerdas. Estabilizada la frontera, un mes después quedan en las calles de Ceuta miles de personas que se enfrentan a un largo proceso administrativo antes de poder ser acogidas o retornadas. Y que permanecen varadas en una ciudad desbordada, hastiada por la alteración radical de su hábitat y en la que, lo que es peor, empiezan a estallar episodios de violencia racista.
Todo se desencadenó la mañana el 30 de julio, cuando ya se respiraba en la política española un ambiente parecido al de un fin de curso. Lo previsto aquella mañana, víspera de las vacaciones de verano, era una especie de tregua política tras un ejercicio especialmente corrosivo para Pedro Sánchez, coronado con la peor ola de incendios en tres décadas. Pero nada más lejos de la realidad. La fecha del 30 de julio de 2026 ya está marcada en rojo como la crisis fronteriza más grave documentada en la historia reciente en España. Y amenaza con convertirse en un callejón sin salida para un Gobierno acorralado por los errores de su propia gestión y por la ofensiva de PP y Vox, que han encontrado en Ceuta el contexto perfecto para abrirle otra vía de agua al Ejecutivo.
