El Gobierno no es capaz de cifrar cuántos inmigrantes hay en Ceuta tres semanas después de que se desatase la crisis. La promesa de que todos serán devueltos no ha ido acompañada de un protocolo claro tras la visita del presidente, Pedro Sánchez, y siete ministros. La instalación de carpas provisionales amenaza con prolongar ‘sine die’ la solución. Las críticas llegan desde vecinos, sanitarios, fuerzas de seguridad, el gobierno local, la oposición y hasta el PSOE ceutí. Hay denuncias por violación de menores migrantes, insalubridad, juzgados desbordados y mafias actuando que apuntalan una situación de colapso 22 días después. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha sido la última integrante del Gobierno en desplazarse a Ceuta. Desde la ciudad autónoma concedió el martes una entrevista a la Cadena Ser. Preguntada por una cifra aproximada de personas que se han quedado en Ceuta, no supo responder. "No manejo exactamente esos datos", se excusó antes de añadir que cada día se reparten 4.000 kits alimentarios. Cinco días antes, su compañero de gabinete, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, calculó que permanecen 5.000 migrantes. Basta este episodio para calibrar al menos la falta de comunicación entre los departamentos implicados. En realidad, Grande-Marlaska se corrigió a sí mismo. Previamente había dicho que quedaban 2.000. La estadística oficial de su ministerio tampoco ayuda a salir de dudas. La entrada masiva de julio se ha excluido del conteo de llegadas de inmigrantes que se actualiza cada quince días. Aun así, las dos primeras semanas de agosto reflejan la llegada de 1.178 migrantes. Fuentes de este departamento no descartan -pero tampoco confirman- que se trate de personas llegadas en la gran oleada, pero que están siendo filiadas después. Al día siguiente, la Policía Nacional confirmó que, solo en menores, ya hay identificados 2.168. Con todo, estos datos siguen estando muy por debajo de los 9.000 migrantes que estima el Gobierno de Ceuta. La prensa marroquí eleva el dato hasta 15.000. La falta de una cifra definitiva ha afectado a la gestión de la crisis. El Gobierno ha ido a remolque tras su intento de trasladar normalidad. Durante los primeros días, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras desplazó un equipo de apenas seis agentes para apoyar las labores de reseña y documentación. Dos semanas después, el ministro anunció el envío de otros 20 agentes especialistas para tramitar los expedientes. La previsión inicial fue insuficiente. Este miércoles el Ministerio de Infancia ha anunciado que trabaja en una medida de "urgencia" para sacar de Ceuta con destino a la península a 500 niñas. El anuncio llega solo 24 horas después de que el portavoz de la Comisión Europea, Markus Lammert, avalase la expulsión de España de todos los migrantes, incluidos los menores. La interpretación de sus palabras apunta a que la Unión Europea respalda legalmente el retorno sin necesidad de repartir a los menores por la península como estipula la legislación española. Lanmert recordó el compromiso del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de que todos serían devueltos. En cualquier caso, de aplicarse la legislación europea con los menores, tampoco sería inmediata y es necesaria la colaboración del país de origen. Marruecos expresó su deseo de recibir a sus menores, pero este miércoles, desde Bruselas, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos --eurodiputado del PP--, exigió a Rabat pasar de "las declaraciones a los hechos". Agresiones sexuales El traslado de las menores a la península abunda en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran desde hace semanas. A las alertas de las ONG sobre el terreno le han seguido las denuncias por agresiones sexuales. En este punto las cifras tampoco son concluyentes. La Delegación de Gobierno de Ceuta admitió el viernes a El Confidencial seis denuncias. El lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía –del que dependen los juzgados de Ceuta– confirmó tres denuncias ya en tramitación. Se investiga si una de las víctimas, menor de edad, también fue obligada por su presunto agresor a vender droga. Fuentes policiales consultadas por este periódico estiman que las denuncias podrían ser ya una decena. Fuentes jurídicas, en cambio, afirman que la situación es peor: "Hay una agresión sexual por día". Según sus datos, desde el 5 de agosto se han incoado nueve diligencias previas por agresiones sexuales, unas por atestado y otras por informe de su médico. Pero los juzgados están recibiendo multitud de partes médicos de urgencias y atestados relativos a sucesos en los que no hay aún ni detenidos ni citados. A esto hay que sumar que los asuntos penales se han multiplicado hasta alcanzar un 800 por ciento más de su número habitual. Estos juzgados no dan más de sí y han lanzado una llamada de socorro al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para solicitar un refuerzo que alivie una situación ya desesperada. Esta situación dista mucho de la pretendida normalidad. Por el momento no ha habido un estallido social en Ceuta, pero expertos policiales con conocimiento sobre el terreno señalan que unos mil migrantes están desperdigados por la barriada de El Príncipe. Temen que, de producirse alguna agresión sexual en ese lugar, se produzca un enfrentamiento: "Puede ser un polvorín". Otro punto que preocupa es el Monte Hacho, donde se cree que permanecen cientos de migrantes. La situación que vive la ciudad también se deja notar en otros puntos. “Anoche la Gran Vía tenía más gente que en Navidad, estaba tomada y ninguno era de Ceuta”, dice un mando policial a este periódico. Más de 10 patrones de patera detenidos Las mafias también están tratando de hacer su negocio. Fuentes policiales informan de que la Guardia Civil ya ha detenido a más de una decena de patrones de embarcaciones que pretendían trasladar migrantes a la península. Han sido sorprendidos en distintos puntos de la costa, por lo que no descartan que alguno haya podido conseguir su objetivo. El Gobierno prometió que ninguna persona llegada en la oleada de julio entraría en la península. Esa era una de las preocupaciones de la Unión Europea y en particular de países como Dinamarca e Italia. La ministra Elma Saiz anunció el martes la instalación de cuatro carpas provisionales en Ceuta. Solo unas horas antes, el presidente de la ciudad, el popular Juan Jesús Vivas, amenazó con acudir a los tribunales cansado por la falta de medidas. Todo eso en el marco de un enfrentamiento con la ministra de Sanidad, Mónica García, que le acusó de inacción tras visitar la ciudad. Vivas había pedido ayuda ya antes de la entrada masiva que empezó el 30 de julio. También pidió sin éxito la adopción de un mando único y la declaración del estado de alarma. El Gobierno no lo ha considerado necesario. TE PUEDE INTERESAR Las carpas están pensadas para albergar de inicio a 1.500 personas. La ministra Saiz no descarta que puedan ampliarse a más gente, pero en su entrevista con la Cadena Ser no precisó capacidad, tampoco quiénes serían los primeros acogidos. “Vamos a ir viendo”, contestó. Luego deslizó que se daría prioridad a mujeres y niños: “No es lo mismo una mujer, una mujer con menores”. El CETI de Ceuta, con 512 plazas, está desbordado. Los migrantes, principalmente subsaharianos, improvisaron campamentos como el de la Playa del Trampolín. Los sanitarios llevan semanas con el riesgo de contagios y enfermedades. Este jueves el Colegio de Enfermería de Ceuta ha solicitado la declaración del estado de alarma ante el "colapso sanitario sin precedentes" que el domingo negó la ministra de Sanidad. Sanitarios y policías desbordados Según el colectivo, hacen frente a 200 asistencias diarias con picos de más de 1.600 intervenciones. Alertan de que asumen una carga asistencial de entre 14 y 16 pacientes por enfermera, y turnos de trabajo que exceden hasta en cuatro horas la jornada prevista. TE PUEDE INTERESAR El Ministerio del Interior ha reforzado la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con cerca de 500 efectivos. Sus sindicatos también han denunciado las condiciones en las que se encuentran, obligados a pernoctar hacinados y sin las condiciones básicas de higiene. En cuanto al despliegue, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) estiman que sería necesario un refuerzo permanente de la plantilla de la Guardia Civil en la ciudad de al menos 200 agentes. Actualmente, son algo más de 1.300 entre ambos cuerpos. Los guardias civiles también se preguntan qué pasará cuando se recupere la normalidad y si el Gobierno adoptará alguna medida para que no vuelva a producirse una llegada masiva desde Marruecos. Por eso piden más medios materiales y la ampliación de los espigones del Tarajal para reforzar físicamente la frontera marítima. El Gobierno no es capaz de cifrar cuántos inmigrantes hay en Ceuta tres semanas después de que se desatase la crisis. La promesa de que todos serán devueltos no ha ido acompañada de un protocolo claro tras la visita del presidente, Pedro Sánchez, y siete ministros. La instalación de carpas provisionales amenaza con prolongar ‘sine die’ la solución. Las críticas llegan desde vecinos, sanitarios, fuerzas de seguridad, el gobierno local, la oposición y hasta el PSOE ceutí. Hay denuncias por violación de menores migrantes, insalubridad, juzgados desbordados y mafias actuando que apuntalan una situación de colapso 22 días después.