Pedro Sánchez no ha calibrado bien la crisis en Ceuta. Mientras algún ministro afirmaba en las horas posteriores a la avalancha que la situación ya se había resuelto, y otros compartían sus preferencias culturales en redes –presidente incluido–, la realidad no ha hecho más que recrudecerse. Unas 8.000 personas migrantes permanecen hoy en la ciudad española sin saber aún su destino. La crisis ceutí deja así entrever varios puntos flacos en el discurso de la izquierda y, quizás augura también el agotamiento de su ciclo político.De entrada, cabría preguntarse en qué momento se ha pasado del Welcome Refugees y de la recepción del buque Aquarius de 2018 a que el propio Gobierno prometa ahora con contundencia devolver a todos los que cruzaron la valla. No es casual. Si muchos de sus votantes no se estremecen hoy con el cambio de postura –así solo sean palabras– es porque quizás la opinión pública también ha virado en estos ocho años. No hace falta ser de ultraderecha para querer mayor seguridad en las fronteras o sentir algún recelo ante el fenómeno migratorio. El problema es que el apelativo de facha ha servido durante demasiado tiempo para apretar filas; ahora bien, es probable que también haya ido forjando un tabú o una espiral del silencio. Dicho en plata: a La Moncloa debería preocuparle que ciudadanos que no son xenófobos ni racistas estén también estupefactos, preguntándose por qué la ley es tan compleja para devolver a esas personas a su país de origen, o por qué el control fronterizo parezca haberse externalizado de facto en el país vecino o dependa del humor de Marruecos.Así pues, la crisis de Ceuta se ha convertido en un termómetro del pulso del Gobierno, haciendo flaquear su relato. De poco sirve que algunos ministros –como la titular de Sanidad– resten gravedad a las percepciones de los vecinos o al estado de sus servicios públicos. Que las televisiones muestren constantemente las playas ceutíes o sus centros sanitarios resulta más efectivo que mil palabras. Lo sabe el diputado Melchor León, que, entre su obediencia al PSOE o a sus votantes, ha elegido lo segundo, abogando por el estado de alarma. No es el único que ha roto la imagen de supuesta normalidad: también saltó por los aires con la visita de la ministra Margarita Robles, cuando se acercó a constatar el malestar de los vecinos.En consecuencia, el episodio de Ceuta amaga con dar nuevas connotaciones al fenómeno migratorio, algo que no juega a favor de la izquierda. No es lo mismo pedir un esfuerzo a los ciudadanos frente a una crisis humanitaria sobrevenida en las costas canarias –como ha ocurrido otras veces– que hacerlo cuando la crisis es el resultado de que el Gobierno no haya sido capaz de controlar nuestra frontera. La perspectiva cambia. No es lo mismo ser un pueblo acostumbrado a vivir entre culturas diferentes, como el ceutí, que ver a vecinos sintiéndose desbordados ante la presencia de poblados improvisados y sin una solución fácil e inmediata para esos seres humanos que también tienen sus padecimientos. El reto de gestionar las necesidades de los locales y de los migrantes se hace evidente. Una prueba de cómo el enfoque político ha girado es Podemos: se ha quedado blandiendo el discurso más proinmigración dentro de la izquierda, sumado al perfil bajo de algunos de sus dirigentes en los últimos días, quizás conscientes de las aristas del caso.La realidad es que el reparto de culpas tampoco juega muy a favor del Gobierno. Ceuta es ciudad autónoma, de modo que no cuenta con un margen de maniobra equiparable al de una Comunidad Autónoma: la desproporción de fuerzas dificulta esta vez presentarlo como un combate entre administraciones. Distinto fue la gestión de la dana, por ejemplo, donde se asumía que la Generalitat Valenciana tenía competencias y capacidad suficiente para haber minimizado la tragedia. Por eso, la idea de un mando único tiene sentido, como pide el presidente ceutí, Juan Manuel Vivas: la Sanidad depende directamente del Ministerio de Mónica García, y jamás será comparable el liderazgo que pueda ejercer una ciudad de 80.000 habitantes con la certeza de tener al Gobierno al frente de una crisis que no solo es humanitaria, sino también de soberanía. Hasta la diputada de izquierdas del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed, exigió desde el principio más presencia policial y del Estado.En definitiva, la mayor muestra de que el Gobierno ha perdido pie en el relato son las sensibilidades que copan ahora la agenda política. Frente al habitual marco de “acoger” –ya sea a los menores o la necesidad de asistir a los adultos– de lo que más se está hablando estos días es de “retornar”. Es decir, el principal campo de debate o de opinión pública pivota hoy en España sobre los temas que ha hecho suyos la derecha: sobre si hay que reformar la Ley de Extranjería o de cómo agilizar la devolución de esos migrantes. Ceuta aparece así como un termómetro para la izquierda: incluso en la cuestión que más lejos están de Vox se han empezado a generar grietas de discurso. Esto es, augurando el ciclo político al que probablemente nos arrojamos, o en el que, tal vez, ya estamos inmersos.