Cada año acumulamos nuevos récords de temperaturas, sequías, olas de calor prolongadas y recurrentes, rachas de viento fuertes, tormentas eléctricas más frecuentes. Estas circunstancias llevan a la vegetación de nuestros montes a secarse más, y más rápidamente, y a exponerla a mayor vulnerabilidad frente al fuego, induciendo un elevado número de grandes incendios.El riesgo permanente de incendios forestales en verano se acentúa por la situación geográfica de España, en la “zona cero” del cambio climático en Europa. Este riesgo ya no es estacional: de las torrenciales lluvias en invierno pasamos a un “verano” que se adelanta a mayo y se prolonga hasta octubre. Y esto lo estamos viendo con una normalidad inquietante.El verano pasado lo demostró con crudeza. España registró el peor año de incendios forestales de las últimas tres décadas, con más de 350.000 hectáreas quemadas, una cifra que multiplica varias veces la media de los últimos años y que nos sitúa como uno de los territorios europeos más afectados por el fuego. Pero reducir esta tragedia a una estadística forestal sería un error. Los incendios ya no afectan únicamente a masas arbóreas o espacios naturales: afectan a pueblos enteros, explotaciones agrarias, infraestructuras y a las personas que las habitan. Hablamos de una emergencia social cuando vemos que el pasado verano más de 31.000 personas fueron desplazadas de sus hogares.Con este escenario, la cuestión ya no es solo cómo prevenir el fuego o cómo apagarlo, sino también cómo podemos protegernos. Aquí es precisamente donde tenemos pendiente un cambio cultural profundo. Igual que la sociedad japonesa ha interiorizado que vive en un territorio sísmico y ha desarrollado una cultura colectiva de preparación y autoprotección, la nuestra debe asumir que convivimos con un riesgo climático estructural. Asumirlo no significa resignarse, sino prepararse. Ya existen experiencias, recopiladas en la web Prevenir Incendios Forestales, que implican a sus vecinos para formar parte de la prevención y la emergencia; como en Triufé (Zamora), donde el vecindario ha definido las actuaciones de autoprotección que quieren llevar a cabo; AdapTe en Legarda (Navarra), un plan integral frente a incendios con participación vecinal; o el proyecto Gran Canaria Mosaico, que trabaja combinando gestión forestal, ganadería extensiva, agricultura, sensibilización y autoprotección. Durante años hemos entendido la prevención de incendios casi exclusivamente desde una dimensión técnica: planes, medios de extinción, infraestructuras, vigilancia o normativa. Todo ello imprescindible, pero como vimos en 2025, insuficiente. Los incendios forestales tienen mucho que ver con cómo habitamos, cómo usamos y nos relacionamos con el territorio, y cómo organizamos nuestras comunidades en torno al mismo. En definitiva, un problema social que reclama políticas integrales.El Estado cuenta con medios de prevención, extinción y protección civil que pone al servicio de las comunidades autónomas cuando llega el incendio. Las comunidades autónomas tienen las competencias en prevención, extinción, protección civil y restauración. Los ayuntamientos están obligados a definir infraestructuras, vías de acceso y puntos de agua para facilitar la labor de los servicios de vigilancia y extinción. Y algunos de ellos (en función del riesgo de cada territorio), están obligados a elaborar planes de emergencia frente a incendios forestales, que especifican medios, protocolos y personal de la entidad local para el incendio. Los propietarios de fincas deben mantenerlas gestionadas para prevenir los incendios forestales. Competencias y responsabilidades muy repartidas para un problema muy complejo.Las exigencias legales para los municipios y los propietarios de fincas no están dotadas de presupuesto alguno que les ayude a ponerlas en marcha. Aun así, muchos ayuntamientos tienen aprobados estos planes, pero lamentablemente suelen elaborarse en un despacho por personal técnico ajeno a esos lugares y donde no se ha dado voz a la población local. La gente ni siquiera sabe que esos planes existen en su pueblo, y se pierde con ello la oportunidad de sensibilizar, formar e implicar a la población en un riesgo que les afecta directamente. La población local no debería ser únicamente receptora de las consecuencias del fuego, debe participar también en las decisiones sobre cómo prevenirlo, cómo prepararse para la emergencia, cómo actuar en ella y participar en la recuperación tras el incendio —con el apoyo técnico que sea necesario—. La corresponsabilidad ciudadana es una necesidad práctica, porque ya hemos visto que ante emergencias simultáneas y cada vez más extremas, los servicios públicos se desbordan.Es necesario mejorar las acciones y operativos de prevención y de extinción (y su coordinación) y quizás estemos ya en el momento de aumentar también la capacidad de las poblaciones de participar de su seguridad y su autoprotección elaborando estos planes locales de forma participada.Desde la Fundación Entretantos entendemos que iniciativas como las de Legarda, Triufé o Gran Canaria son experiencias replicables que comparten algo esencial: no habrá territorios resilientes sin comunidades implicadas.