El caso de una mujer cordobesa con una deuda de más de 23.000 euros a raíz de un fallo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el cómputo para la concesión del Ingreso Mínimo Vital, del que informó recientemente este periódico, es uno más entre los miles que contabiliza el Colectivo Afectad@s por el IMV y el Consejo Andaluz de Trabajo Social. Las deudas que comprometen la estabilidad y supervivencia de estas personas en situación de vulnerabilidad motivaron que el grupo parlamentario Sumar presentara una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar la normal estatal y que no se exija el cobro de las prestaciones indebidas a los afectados cuando se deba a “un error imputable” a la administración.
La ley busca “responder a una necesidad urgente” de reforma en los requisitos de exigibilidad de reintegro de las prestaciones indebidas establecidas en el Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social. El texto fue presentado el pasado 12 de mayo por los diputados Aina Vidal y Lander Martínez a la Mesa del Congreso y se justifica “en términos de justicia social” y en vista de la “vulnerabilidad” de los beneficios y las familias, un contexto que se ve agravado por el tiempo que transcurre hasta que la administración revisa su caso y le reclama la devolución de los cobros indebidos.
