Actualizado Mi�rcoles,
junio
13:30Espa�a ha tenido que asumir en los �ltimos dos a�os 14.432 millones de euros extra de d�ficit p�blico por sentencias judiciales desfavorables, de los que casi la mitad corresponden al IRPF de pensionistas que cotizaron en mutualidades laborales y a los que se ha reconocido el derecho a una reducci�n para evitar la doble imposici�n. "El impacto sobre el d�ficit de las Administraciones P�blicas derivado de las sentencias judiciales correspondientes a 2024 y 2025, que en conjunto super� los 14.400 millones, confirma la relevancia de este riesgo para la estabilidad fiscal. La actualizaci�n del an�lisis de las demandas judiciales contra el Estado que se presenta en esta Opini�n vuelve a poner de relieve el riesgo significativo que las sentencias judiciales han supuesto en los �ltimos a�os para las finanzas de las Administraciones P�blicas. En concreto, el efecto sobre el d�ficit ascendi� a m�s de 11.200 millones en 2024 (0,7 % del PIB), a los que se sumaron 3.100 millones en 2025 (0,2 % del PIB)", recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su segunda Opini�n sobre Riesgos Fiscales, publicada este mi�rcoles. La mayor parte de ese impacto se concentr� en la Administraci�n Central, con cerca de 11.900 millones de euros, aunque tambi�n afect� a los Fondos de la Seguridad Social, con un gasto en torno a los 1.600 millones por el derecho reconocido a los pensionistas varones de cobrar tambi�n un complemento por hijos -considerado discriminatorio hasta 2023 por ser s�lo para las mujeres-, y a las Corporaciones Locales -ayuntamientos, diputaciones, cabildos, etc.-, con unos 900 millones. El gasto anual de los dos �ltimos ejercicios super� con creces la media hist�ria, de 1.617 millones de euros anuales en el periodo 2014-2025, lo que ha supuesto en agregado el 28% de las transferencias de capital que ha tenido que hacer la Administraci�n. El conflicto m�s costoso para el pa�s en 2024 y 2025 ha sido el relativo a los pensionistas que cotizaron en mutualidades laborales, a los que el Tribunal Supremo reconoci� el derecho a aplicarse una reducci�n para evitar la doble imposici�n en aportaciones realizadas entre 1967 y 1978. El Tribunal estableci� que solo debe integrarse en la base imponible el 75% de la pensi�n correspondiente a dichos periodos y aclar� que el c�lculo de la reducci�n debe realizarse considerando �nicamente los 35 a�os necesarios para alcanzar el 100% de la pensi�n, lo que incrementa las devoluciones para quienes superaron ese periodo de cotizaci�n. Estas sentencias han supuesto 5.936 millones de euros en el d�ficit de 2024 y de 2.700 millones en 2025, y se prev� un impacto en 2026 de 750 millones adicionales en devoluciones que ya estaban contabilizados en el d�ficit de 2024. "En caso de que las devoluciones finalmente realizadas superaran la estimaci�n de 750 millones, s� que tendr�a impacto en d�ficit por el exceso", advierten. Le siguen por importancia la reforma del Impuesto sobre Sociedades, a ra�z de la sentencia del Tribunal Constitucional que declar� inconstitucionales y nulos varios preceptos del Real Decreto-Ley 3/2016, al considerar que modificaban elementos esenciales del Impuesto sobre Sociedades vulnerando el art�culo 86.1 de la Constituci�n, con un impacto en d�ficit de 3.048 millones en 2024 y 1.075 millones en 2025; y el complemento de maternidad para pensionistas varones, que ha supuesto 1.108 millones en d�ficit para la Seguridad Social en 2024 y 529 millones en 2025.El Impuesto de Hidrocarburos, el "gran riesgo" a la vistaFuentes de la AIReF han puntualizado este mi�rcoles de que dentro de los riesgos fiscales que suponen las sentencias judiciales, el "m�s acuciante" es el relativo a la sentencia del Impuesto sobre Hidrocarburos (IH). Se refieren a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni�n Europea (TJUE) de 30 de mayo de 2024 que declar� el tramo auton�mico del IH contrario a una directiva europea, al permitir a las Comunidades Aut�nomas establecer tipos de gravamen del Impuesto de Hidrocarburos diferenciados por territorio no previstos en la normativa europea, aunque se respetaran los m�nimos armonizados. El per�odo afectado abarca de 2013 a 2018, a�os en que el impuesto estuvo vigente.El Gobierno contabiliz� en 6.500 millones de euros el impacto m�ximo que podr�a tener esta sentencia, ya que coincide con la recaudaci�n obtenida por las comunidades que aplicaron el tipo auton�mico durante todos los a�os en que el impuesto estuvo vigente. "El coste efectivo asciende, al menos, a unos 316 millones m�s intereses, importe que se registrar� como d�ficit en el ejercicio 2026. Este coste podr�a incrementarse conforme el Tribunal Supremo vaya resolviendo los recursos de casaci�n pendientes o aquellos que pudieran interponerse, en caso de que las sentencias resulten contrarias a los intereses del Estado".
