La Autoridad Fiscal cuantifica una factura p�blica de 65.000 millones en riesgos ambientales, 20.000 millones en tribunales, 7.500 millones en avales o 500 millones en empresas p�blicas.Espa�a viene haciendo frente, en los �ltimos a�os, a una multimillonaria factura p�blica derivada de desastres naturales, sentencias judiciales en contra de las administraciones; avales y empresas p�blicas, que amenaza con seguir creciendo. As� lo advirti� ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que, en su opini�n sobre los principales riesgos fiscales que pesan sobre las cuentas p�blicas del pa�s, Ante esta conjunci�n de riesgos, la Autoridad Fiscal insta al Gobierno a dejar de usar el Fondo de Contingencia para cubrir gastos previsibles, liberando fondos para la creciente factura p�blica de atender a lo inesperado.Sentencias judicialesSolo entre 2025 y 2025, detalla Airef, el coste que ha sufrido el Estado por hacer frente a las sentencias judiciales en contra del conjunto de Administraciones supera los 14.400 millone de euros.En concreto, detalla el documento, el coste ascendi� a m�s de 11.200 millones en el a�o 2024, el 0,7% del PIB, y a 3.100 millones en 2025, el 0,2% del PIB. La mayor parte de este impacto se concentr� en la Administraci�n central, aunque tambi�n afect� a los Fondos de la Seguridad Social y a las Corporaciones Locales, relata Airef.Destacan, en el ejercicio 2024, la sentencia que oblig� a devolver a los pensionistas de las antiguas mutualidades la doble tributaci�n por IRPF a la que hab�an sido sometidos (con un coste p�blico de casi 6.000 millones de euros); o la declaraci�n de inconstitucionalidad de las subidas fiscales en el Impuesto de Sociedades aprobados v�a Real Decreto-ley por el exministro de Hacienda Crist�bal Montoro en 2016 (un golpe a Hacienda de 3.048 millones en 2024 y de 1.057 millones en 2025). El a�o pasado, el principal impacto se deriv� del fallo sobre el fondo de comercio de empresas extranjeras (1.250 millones).La cifra supone un incremento exponencial de la factura judicial p�blica. En los �ltimos 10 a�os, el periodo 2014 a 2025, el gasto de la Administraci�n central en sentencias ascendi� a 19.407 millones, lo que equivale a un gasto medio anual de 1.617 millones, calcula Airef.A partir de aqu�, la Airef alerta de que hay en marcha varios procedimientos judiciales que amenazan con disparar a�n m�s el golpe al erario. Es el caso del fallo europeo contra la tarifa auton�mica del Impuesto de Hidrocarburos, con un impacto potencial m�ximo de hasta 6.500 millones de euros, de los que de momento apenas se han materializado 316 en 2026.Adem�s existen otros casi 2.000 millones en costes asociados a fallos por la financiaci�n del bono social el�ctrico (913 millones); el Impuesto de Actividades Econ�micas (IAE) aplicado a los operadores de telefon�a m�vil (708 millones); o el cierre del almac�n de gas Castor (250 millones favor de Enag�s).De cara al futuro, recopila el organismo, las diferentes administraciones de Espa�a afrontan relevantes fallos en contra a ra�z de los arbitrajes internacionales en materia de energ�a renovable; las concesionarias de autopistas de peaje; la venta de participaciones con p�rdidas; la responsabilidad por los avales del Covid; las tasas de gesti�n de residuos radiactivos y de reserva del dominio radioel�ctrico; o las tasas de basura municipal.Con este panorama, la Autoridad Fiscal insta al Estado a "reforzar la recopilaci�n, actualizaci�n y transparencia de la informaci�n relativa a los procedimientos judiciales con posible impacto fiscal". In�s Ol�ndriz, al frente del organismo, recoge el testigo dejado por Cristina Herrero y recomienda a las administraciones acometer una evaluaci�n del posible impacto financiero y legal antes de introducir cambios normativos, adoptar una estrategia judicial proactiva y crear una base de datos centralizada sobre las principales sentencias con posible impacto en el d�ficit.Garant�as p�blicasEn paralelo a los riesgos judiciales, Airef se�ala en su informe que el Estado arrastra un saldo vivo de 24.000 millones de euros en avales del Instituto de Cr�dito Oficial (ICO) ligados a la pandemia de Covid, de los que 7.500 millones se encontraban en situaci�n de mora a cierre de 2025.Empresas p�blicasOtra amenaza para la estabilidad de las cuentas estatales es la que emana de las 1.600 empresas p�blicas, cuyo pasivo conjunto equivale al 9% del PIB. La Autoridad Fiscal rese�a que en los �ltimos 15 a�os un total de 579 entes han pasado a consolidar en las cuentas p�blicas, elevando en 500 millones anuales la carga de deuda p�blica (excluyendo el impacto de Sareb). Actualmente, alertan, el mayor riesgo lo comporta Renfe, que lleva cuatro de los �ltimos cinco a�os sin cumplir la regla de financiar m�s del 50% de sus costes a trav�s de sus ventas (en parte por el efecto de la pandemia y las ayudas al transporte), lo que amenaza con elevar la carga de deuda p�blica en otros 500 millones.Covid y riesgo clim�ticoEl an�lisis de Airef tambi�n detalla que en los �ltimos 20 a�os, el coste fiscal de los desastres naturales y la pandemia ha ascendido a 65.085 millones p�blicos, de los que 35.745 millones corresponden a la respuesta al Covid y 12.200 millones a la dana que azot� Valencia en 2024.