Por 17/06/2026 - 13:30 Actualizado: 17/06/2026 - 13:37 Las sentencias judiciales negativas contra las Administraciones Públicas han tenido un coste de 14.432 millones de euros en los dos últimos años, según recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su última Opinión sobre riesgos fiscales de España. El sector público sigue soportando el coste de la mala técnica legislativa y mala praxis ejecutiva que siguen corrigiendo los tribunales. Y la situación no mejorará de cara a los próximos ejercicios. La AIReF señala que el Estado tiene importantes casos abiertos que podrían derivar en grandes devoluciones a los contribuyentes. Destaca especialmente el procedimiento judicial sobre el Impuesto de Hidrocarburos que según los datos de la Cuenta General del Estado elaborada por la IGAE podría ascender a un máximo de 6.500 millones de euros. La AIReF precisa que esta cifra probablemente no se alcance, pero señala que el riesgo fiscal es muy relevante. Hay otras sentencias negativas adicionales que ya están perdidas. Entre ellas está el bono social eléctrico, con un coste total para el erario público de 913 millones de euros que sigue aumentando a medida que se resuelven nuevos casos. También la derivada del Impuesto de Actividades Económicas de operadores de telefonía móvil cuyo impacto negativo podría alcanzar los 1.400 millones de euros según recoge la Cuenta General. El Estado también acaba de perder un caso contra Enagás derivado del proceso por el almacén de gas Castor, que asciende a 255 millones de euros. Y la AIReF también prevé que la sentencia por la desgravación del fondo de comercio para compras extranjeras tendrá un "impacto relevante en las cuentas de 2026". TE PUEDE INTERESAR Además, España tiene que hacer frente a diversos procedimientos derivados del recorte de las primas a las renovables. También tiene pendientes recursos por la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional con una cuantía demandada de 346 millones de euros y otros por denegación de subvenciones del Ministerio de Industria por valor de 129 millones de euros. Además, la AIReF señala el recurso contra los acuerdos del Consejo de Ministros para liquidar contratos de concesión de autopistas de peaje y que ascienden a 1.800 millones de euros. En definitiva, existe todavía una gran panoplia de procedimientos en curso que tendrán un importante coste para las arcas públicas. En muchas ocasiones, las Administraciones Públicas optan por litigar contra los contribuyentes hasta las más altas instancias para retrasar las devoluciones. Lo hacen incluso en los casos en los que tienen escasas posibilidades de ganar el caso, lo que conlleva un importante coste en intereses cuando pierden el litigio. La AIReF señala que no existe transparencia sobre qué parte del coste de las sentencias negativas se debe al pago de intereses. "Un riesgo relevante" La opinión de la AIReF señala las sentencias judiciales como un riesgo fiscal relevante, dada su magnitud en los últimos años y los procedimientos que están todavía pendientes. De los 14.400 millones contabilizados en déficit en los dos últimos años (2024 y 2025) destacan casi 6.000 millones de la devolución del IRPF a pensionistas de las mutualidades laborales. Hacienda también tuvo que devolver 3.000 millones de euros en 2024 derivados de la declaración de inconstitucionalidad de la reforma del Impuesto sobre Sociedades del año 2016. Además, esta sentencia tuvo un coste adicional en déficit de 1.000 millones adicionales en 2025. La AIReF solicita al Gobierno más transparencia sobre los procedimientos que están en curso y, sobre todo, mejorar su técnica legislativa y ejecutiva. Por ejemplo, aconseja realizar una consulta previa antes de aprobar cambios legales sensibles a los organismos europeos, un refuerzo de la evaluación de modificaciones que han fracasado en el pasado para no repetirlas. También aconseja al Ministerio de Hacienda desarrollar mecanismos ágiles para acortar los plazos de resolución de las sentencias en contra del Estado y que antes de litigar analice las probabilidades de éxito de las reclamaciones para tener margen de cambiar rápidamente las normas y minimizar su coste en términos de devoluciones. Las sentencias judiciales negativas contra las Administraciones Públicas han tenido un coste de 14.432 millones de euros en los dos últimos años, según recoge la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su última Opinión sobre riesgos fiscales de España. El sector público sigue soportando el coste de la mala técnica legislativa y mala praxis ejecutiva que siguen corrigiendo los tribunales.