El Tribunal de Cuentas ha vuelto a dar un toque de atención al Estado por usar préstamos a largo plazo, que no dejan de engrosar la deuda de Seguridad Social, para cubrir el déficit que presenta el sistema encargado de pagar las pensiones de jubilación y otro tipo de prestaciones (incapacidad, orfandad, viudedad, etc). El órgano fiscalizador señala que las necesidades del sistema tendrían que ser cubiertas con los Presupuestos Generales del Estado a través de transferencias corrientes, estas ya se hacen, el año pasado ascendieron a 48.000 millones, pero se combinan con la concesión de créditos al organismo dependiente del Ministerio de Elma Saiz, en contra del criterio de este tribunal.Al analizar la situación de las cuentas de Seguridad Social correspondientes al año 2024, año en el que acumulaba una deuda a largo plazo de 126.171 millones -de los que 109.002 millones responden al endeudamiento contraído entre 2017 y 2024- y una deuda a corto plazo a favor de la Administración General de Estado de 9.802 millones, que viene dada por el traspaso de las competencias sanitarias y sociales al País Vasco y Navarra. La cantidad comprometida a largo plazo corresponde a un 7,9% del PIB de ese mismo año, lo que pone de relieve la magnitud de la deuda actual de Seguridad Social.