Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas constata que la Seguridad Social continúa teniendo problemas financieros y de carácter estructural para sostener el sistema público de pensiones y advierte, por primera vez, de que el Ejecutivo ha incumplido una parte del Pacto de Toledo por continuar otorgando préstamos desde la Administración Central a la Seguridad Social que, realmente, nunca se van a devolver. En su nota relativa al ejercicio 2024 y titulada "Efecto del endeudamiento con el Estado en la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social", el organismo señala que, según el Pacto de Toledo, en 2023 tendría que haber finalizado la política de préstamos del sistema. Sin embargo, en 2024 y 2025 se han concedido dos nuevos préstamos por 10.004 millones de euros cada uno con base en la prórroga de los PGE de 2023. El tribunal explica por qué el endeudamiento no es la vía adecuada para financiar la actividad habitual de la Seguridad Social y recomienda al Gobierno que las aportaciones del Estado se realicen a través de transferencias corrientes asignadas en los presupuestos de cada año en lugar de los préstamos a largo plazo. El motivo es que la verdadera naturaleza económica de los préstamos es la de una transferencia corriente porque los préstamos no serán devueltos dada la falta de capacidad financiera de la Seguridad Social para ello. TE PUEDE INTERESAR El informe pone de manifiesto que la deuda por préstamos hasta 2024 ascendió a 135.253 millones de euros, de los cuales 126.171 son a largo plazo. De estos, 17.169 millones corresponden a préstamos otorgados entre 1992 y 1999, y 109.002 millones al endeudamiento contraído entre 2017 y 2024. Actualmente, la deuda de la Seguridad Social ya supera el 8% del PIB. "Estos préstamos son un instrumento de financiación que no responde a criterios de racionalidad económico-financiera, ya que no ejercen un efecto equilibrador sobre el resultado económico patrimonial ni sobre el patrimonio neto", señala el documento. Por ello, el tribunal plantea un saneamiento contable, de manera que las aportaciones del Estado al sistema se canalicen a través de transferencias y se aporte una imagen contable más fiel de la situación financiera. En concreto, calculan que si las aportaciones del Estado se hubieran instrumentado como transferencias corrientes, el patrimonio neto de la Seguridad Social dejaría de presentar un saldo negativo superior a 110.000 millones de euros para ser de 12.174 millones positivo. En paralelo, el endeudamiento por préstamos se reduciría hasta aproximadamente 27 millones. En definitiva, el Tribunal de Cuentas insta a que el Gobierno cubra con las transferencias tanto "todos los gastos no contributivos" como, "si resultara necesario, todos aquellos déficits que se produzcan de la modalidad contributiva de protección". No obstante, el tribunal circunscribe su valoración tan solo al mecanismo de financiación y al reflejo contable del endeudamiento, sin entrar en los debates de fondo sobre la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas constata que la Seguridad Social continúa teniendo problemas financieros y de carácter estructural para sostener el sistema público de pensiones y advierte, por primera vez, de que el Ejecutivo ha incumplido una parte del Pacto de Toledo por continuar otorgando préstamos desde la Administración Central a la Seguridad Social que, realmente, nunca se van a devolver.