El constante aumento del gasto en pensiones y su financiación parcial con impuestos restan la inversión en los más jóvenes
El Pacto de Toledo es un acuerdo político alcanzado en 1995 entre los principales partidos españoles para garantizar la sostenibilidad y estabilidad del sistema de pensiones público y de reparto (aquel en el que los trabajadores en activo financian las prestaciones de jubilación de los que ya se han retirado). Este acuerdo, que se ha convertido en una comisión parlamentaria y cumple ahora 30 años en vigor, ha sentado las bases, desde el consenso político y social, de todas las reformas de pensiones que se han hecho en España en las últimas tres décadas y es, sin duda, y según todos los que han participado en estas reformas, una historia de éxito.
No obstante, varios de los artífices del pacto, provenientes tanto del PP como del PSOE y que han estado al frente de la Seguridad Social en distintos momentos durante estos 30 años, coincidían este miércoles en Madrid, en unas jornadas informativas organizadas por el Instituto Santalucía con motivo de este aniversario, y lanzaban una advertencia: las últimas reformas de pensiones llevadas a cabo por el actual Gobierno socialista se han desviado del espíritu del Pacto de Toledo porque no garantizan el equilibrio intergeneracional. Con ello, advierten de que la que la brecha entre los recursos públicos que se destinan a los jubilados y a los trabajadores cada vez es más grande y beneficia en mayor medida a los que ya están retirados del mundo laboral.
