La población envejece y la esperanza de vida aumenta, lo que incrementa la factura de las pensiones, que consumirá cada vez más ingresos públicos y dejará menos margen para financiar otras políticas prioritarias para el Estado del bienestar y apuntalar la competitividad. Aunque Europa entera está en una encrucijada, España es de los países más expuestos: tiene un déficit y una deuda elevados, y deberá destinar de media a las jubilaciones un 41% de la recaudación procedente de impuestos y cotizaciones entre 2022 y 2050. Es, a menos que introduzca cambios que eleven los ingresos, el porcentaje más alto de todo el club comunitario. Le siguen Portugal (39,1%), Italia (38,8%) y Rumania (38,3%). “Se prevé que España, Portugal y Rumania alcancen su punto máximo de gasto en pensiones alrededor de 2050, lo que podría ser un incentivo para adelantar reformas fiscales que mejoren la sostenibilidad de sus finanzas públicas a largo plazo”, recomienda la Comisión Europea en su último informe anual sobre recaudación.
Bruselas dedica un capítulo entero al impacto que tendrá el declive demográfico sobre los ingresos públicos, apoyándose en las proyecciones del Informe sobre el Envejecimiento de 2024, que calcula la evolución del gasto en pensiones entre 2022 y 2070. El pico máximo a nivel comunitario se tocará en 2036, con una factura del 12,2% del PIB en el promedio de los Veintisiete, para después estabilizarse en el 12%.
