La sostenibilidad de este pilar irrenunciable del Estado de bienestar pasa por tener presente la evolución de la población activa
La OCDE ha puesto esta semana sobre la mesa una de las cuestiones que más atención debería concitar en el debate público. Para 2050, España será el país que más gasto destine a pensiones con respecto al PIB, un 17,3%, casi cuatro puntos más que en la actualidad y muy por encima de la media de los países desarrollados (10%). No se trata de una profecía c...
atastrofista, sino de aritmética demográfica, en la que convergen una de las esperanzas de vida más elevadas del mundo (84 años) y —fruto de la baja natalidad— un descenso previsto de la población activa del 30% en tres décadas. Para entonces, en España habrá tres jubilados por cada cuatro personas en edad de trabajar. A la caída del número de cotizantes hay que sumarle la precariedad salarial, que agrava la brecha entre ingresos por cotizaciones y gasto en prestaciones.
El sistema de pensiones ha sido durante décadas uno de los mayores logros de nuestro Estado de bienestar y hoy un jubilado con salario medio y carrera laboral completa recibe aproximadamente un 80% de los ingresos que percibía cuando estaba activo, una de las proporciones más generosas de la OCDE, que de media se sitúa en el 63,2%. Esta protección ha garantizado un retiro digno a millones de personas mayores y ha sido un colchón social indispensable, especialmente en momentos de dificultad económica como la crisis financiera, donde las pensiones permitieron la supervivencia de muchas familias. Ayer, precisamente, conocimos el dato adelantado de la inflación de noviembre, el que sirve de referencia para calcular la subida de las pensiones del año siguiente, y que confirma que las prestaciones de los más de nueve millones de jubilados españoles crecerán un 2,7% en 2026 para asegurar su poder adquisitivo.
