La Comisión Europea obligó a España a incluir en su última reforma de pensiones, llevada a cabo en varias fases entre 2021 y 2024, una cláusula de revisión trianual según la cual la Autoridad Fiscal (Airef) debe analizar la salud financiera del sistema y, en caso de que el gasto o los ingresos se desvíen de lo estipulado, se activaría un mandato al Gobierno para que o bien pacte en el Parlamento medidas de ajuste o, de no llegarse a un acuerdo, aumenten las cotizaciones de manera automática.
Sin embargo, este examen de las pensiones, en teoría diseñado para garantizar la sostenibilidad del sistema, podría no servir para ese propósito: aunque la Seguridad Social cumpliera con todos los parámetros de gasto e ingresos para no activar mecanismos de ajuste, el sistema público de pensiones español “mantendría de forma continuada un déficit creciente que alcanzaría un máximo del 2,3% del PIB en 2050″. Así lo ha calculado el economista Miguel Ángel García, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de Fedea y exdirector general de Ordenación de la Seguridad Social, en un estudio sobre la Situación del sistema de pensiones y proyecciones a 2050 dentro del proceso de revisión en 2025, elaborado para el Instituto Santa Lucía.
