A pesar de los r�cords de recaudaci�n, el Gobierno debe dedicar cada a�o un mayor porcentaje del presupuesto para los pagos a los jubilados, en detrimento de otras partidas "sociales".La grave denuncia del Tribunal de Cuentas de que el Gobierno desvi� en el a�o 2024 recursos "excedentes" de los fondos Next Generation entregados por la Uni�n Europea para el pago de las pensiones ha vuelto a sacar a la luz la insuficiencia de recursos disponibles para financiar el creciente gasto p�blico en prestaciones por jubilaci�n. �C�mo es posible que un Estado que recaud� ese a�o 654.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales, lo cual supone un 38% m�s que al principio del mandato de Pedro S�nchez, tuviera que hacer ingenier�a contable para poder pagar las pensiones, que ese ejercicio ascendieron a 200.000 millones?La respuesta es multifactorial, pero la causa principal es la decisi�n pol�tica, en el a�o 2021, de revalorizar estas prestaciones al mismo ritmo que la inflaci�n, como hab�a recomendado casi por unanimidad la comisi�n parlamentaria del Pacto de Toledo, pero sin asegurar la manera de financiar ese mayor gasto. El resultado, previsible y del que alertaron la mayor�a de los expertos sin �xito, es que el coste para las arcas p�blicas de mantener a las clases pasivas se ha disparado exponencialmente y las cotizaciones a la Seguridad Social cada vez cubren un menor porcentaje del coste anual de las pensiones. En el ejercicio de 2025, la n�mina de las pensiones aument� en unos 13.000 millones de euros aproximadamente, pero los ingresos del sistema s�lo lo hicieron en unos 11.300 millones.Adem�s, factores como la jubilaci�n de la generaci�n del Baby Boom, la entrada en el sistema de pensiones m�s elevadas producto de mayores cotizaciones durante la etapa activa y el aumento de la esperanza de vida media han contribuido a agravar el desequilibrio de las finanzas de la Seguridad Social. Tanto es as� que Hacienda ha tenido que ir aumentando progresivamente los pr�stamos para cubrir el abono de las pagas extra, lo que ha disparado el endeudamiento de este organismo por encima de 136.000 millones.Como consecuencia de todo ello, el Estado dispone hoy de un menor margen de maniobra para medidas discrecionales que en 2018. Lo cual explica que las demandas para elevar la inversi�n en sanidad, en pol�ticas de vivienda o en becas y ayudas a las familias no sean atendidas por un Ejecutivo que ha hecho bandera del aumento del "gasto social". Sencillamente, la vaca no da para m�s porque los compromisos est�ticos, entre los que sobresalen el servicio de la deuda y las pensiones, absorben cada a�o m�s porcentaje del Presupuesto.De hecho, el 38,14% del alza de la recaudaci�n por impuestos y cotizaciones sociales desde 2018 (68.000 millones de euros sobre un total de 178.300 millones) ha ido directamente a financiar el mayor gasto en pensiones. En casi todos los ejercicios estos desembolsos han crecido al doble que el resto del gasto estatal, mientras que partidas como la educaci�n o la vivienda han registrado aumentos mucho m�s modestos.La subida anual del gasto en pensiones equivale aproximadamente a sumar el presupuesto de los ministerios de Vivienda, Cultura, Universidades y Ciencia, y es m�s del doble del importe que destina anualmente el Estado a becas. Lo cual confirma la paradoja de que, a pesar de contar con mayores ingresos, el Estado debe dedicarlos a prestaciones monetarias en vez de a las pol�ticas transformadoras, que las que deb�an financiar los fondos europeos, que S�nchez y su entonces ministra de Hacienda, Mar�a Jes�s Montero, usaron para abonar las pensiones.Pesada herenciaA diferencia de otras partidas de corte social, que se pueden ajustar, reorganizar o aplazar ante situaciones sobrevenidas en funci�n del estado de las finanzas p�blicas, el pago de las prestaciones de jubilaci�n es un compromiso ineludible, blindado por ley. Y cada subida anual de las pensiones genera una base de c�lculo mayor sobre la que aplicar los incrementos posteriores, dejando una pesada herencia para los pr�ximos gobiernos y las generaciones futuras.Debido a este car�cter r�gido, el Gobierno ha terminado siendo reh�n del cortoplacismo electoralista con que S�nchez ha gestionado las pensiones desde que lleg� al poder, asegurando su revalorizaci�n al ritmo que el IPC incluso durante episodios como la espiral de precios entre 2022 y 2023.Para tranquilizar a los ciudadanos sobre el futuro de las pensiones, el Gobierno reactivó en 2023 las aportaciones al Fondo de Reserva, la "hucha de las pensiones". En la actualidad, la mayor parte de los recursos proceden del mecanismo de solidaridad intergeneracional (MEI), un recargo a las nominas de todos los trabajadores, a las cotizaciones de los autónomos e incluso a las prestaciones de los parados. Su aplicación ha permitido elevar el volumen de esta hucha hasta 15.267 millones a fecha del pasado 31 de marzo, el nivel más alto en una década. Sin embargo, mientras en otras épocas esa cantidad hubiera garantizado el pago de varias mensualidades a los pensionistas, en la actualidad apenas serviría para un mes (en abril su coste fue de 14.336 millones de euros). Se da la paradoja de que el aumento del Fondo de Reserva ha sido algo menos de la mitad de lo que ha crecido la deuda de la Seguridad Social (30.000 millones más) por los préstamos cada vez más voluminosos del Ministerio de Hacienda para hacer frente al abono de varias pagas al año.