El pacto con Podemos abre una puerta para desbloquear la demanda de Puigdemont de las competencias migratorias a Cataluña. El Ejecutivo usará la presión social como en 2025 para subir las pensiones a la segunda
El titular de todos los medios generó una gran alarma entre casi 10 millones de pensionistas, un colectivo con una enorme influencia política en un país muy envejecido como España: el Congreso tumbó el decreto de la revaloración de las pensiones este martes. La nómina de enero no está en juego, se va a pagar con la subida que decidió el Gobierno, el 2,7%. Pero la de febrero sí está en el aire, y se empieza a resolver su pago a mediados de ese mes. Si no se resuelve antes, los pensionistas recibirían de media 50 euros menos en esa paga. Y eso supondría un terremoto político de consecuencias difíciles de calcular.
Sin embargo, el Gobierno está convencido de que logrará, como el año pasado, encontrar una solución política in extremis para aprobar las pensiones en la segunda vuelta, con un nuevo decreto, antes de que llegue la nómina de febrero. Casi nadie en La Moncloa se plantea la posibilidad de que los pensionistas lleguen realmente a sufrir las consecuencias de esta derrota política del Gobierno. Si hubiera un acuerdo rápido, el Ejecutivo podría hacer un Consejo de Ministros extraordinario incluso esta misma semana para aprobar el nuevo decreto, pero de momento ese objetivo parece lejos.
