En junio de 2020 Cristina Martín recibió una carta firmada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. La carta era escueta y directa: le había sido asignada de oficio una nueva prestación recién creada por la Administración, el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Cristina, desempleada de larga duración y madre de dos hijos que tiene en custodia desde su divorcio hace 13 años, recibió la noticia con alivio, ya que se trataba de una ayuda muy necesaria para su economía familiar."Esto es como el que gana la lotería, ¿no? Cuando leí la carta, dije: 'Estupendo, pues genial, me sirve porque yo estoy a dos velas'", recuerda Cristina. "Siempre la prestación no me llegaba para nada, en esa época me tenían que ayudar mis padres y empecé a cobrar la prestación".Durante un año y medio, Cristina recibió cada mes unos 700 euros que le permitieron, mal que bien, poder seguir sacando adelante a su familia, con la que vive en un pueblo de la provincia de Lugo desde que se mudó allí con su exmarido tras dejar su empleo como psicóloga en un departamento de selección de personal en Madrid. En noviembre de 2021, sin embargo, recibió una nueva carta con noticias mucho más aciagas: había recibido cobros que no le correspondían y ahora tenía una deuda de 12.000 euros con la Seguridad Social.Cientos de usuarios del IMV, la prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social que entró en vigor en junio de 2020, han recibido cartas como estas en los últimos años reclamando cantidades adeudadas por cobros indebidos. Los afectados, mayoritariamente mujeres cabezas de familias monomarentales —en el mes de abril, el 75% de los titulares fueron mujeres y casi el 70% del total tenían menores a cargo—, acusan a la Administración de haberles generado deudas impagables por su ineficiencia. Se han unido en una plataforma informal que reclama eliminar la "retroactividad punitiva" y también han elevado la cuestión a la justicia europea.En España, han recibido el respaldo en varias ocasiones de la oficina del Defensor del Pueblo, presidida por el exministro socialista Ángel Gabilondo, que propuso en 2025 al Gobierno "eliminar el deber de reintegrar las prestaciones reconocidas por error" y que el 13 de mayo, informó de que sus recomendaciones habían sido rechazadas. El 12 de mayo, Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, presentó una proposición de ley en el Congreso destinada a condonar la deuda a estas familias. La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, la socialista Elma Sáiz, reconoció públicamente el pasado verano el problema y dijo que estaba trabajando para reducir el impacto de esas devoluciones.Errores administrativosLa explicación de los pagos indebidos estaba, en el caso de Cristina Martín, en un error de la Administración, que no había tenido en cuenta que recibía una pensión alimenticia de su exmarido cuando le otorgó el IMV de oficio sin que ella lo hubiera solicitado. Además, la Seguridad Social no descubrió su propio error hasta dos años después de haber empezado a conceder la prestación."Nosotras no hemos cometido un fraude. No, es que vamos a confabularnos todas las mujeres, es que ellos metieron la pata. Les interesaba dar el IMV de oficio, rápido y corriendo para colgarse medallitas. Se concedió a tontas y a locas a todo el mundo, esta gente cogió una lista de pobres que tenía allí, la Seguridad Social, de todos los que no tenemos ingresos y dijo: 'Venga, repartimos el IMV'. Y un año y pico después se pusieron a ver qué habían hecho", declara Cristina que se lamenta, además, del agresivo tono de las comunicaciones que recibe de la Seguridad Social."Cada vez que veo a la cartera y me dice: 'Tengo una notificación', me suben las pulsaciones. Las cartas son tan irrespetuosas, tan faltas de empatía, tan brutales, ¿Cómo vas a exhortar a una mujer en paro con dos niños a pagar 12.000 euros en el plazo de un mes e ingresarlo en un número de cuenta? Eso solo se le ocurre a un mafioso o a un tarado", declara Cristina, que asegura que ya ha visto como le embargaban tres cuentas bancarias y se le ha rechazado la beca universitaria a su hija. "Tú puedes pedirle 12.000 euros, no sé, a Florentino Pérez, a Amancio Ortega, pero a mí, o a una persona como yo que vive de alquiler, que no tengo patrimonio, que vivo de la pensión de alimentos de mis hijos… Están abusando de gente que no tiene un duro".La cuestión jurídicaDesde su puesta en marcha, en sus casi seis años de vigencia, el IMV se le ha concedido a más de 3,6 millones de personas y la Seguridad Social ha destinado a ello 20.331 millones de euros, según datos aportados por la Secretaría General de la Seguridad Social a 20minutos. Según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de julio del año pasado, al 44% de los perceptores del IMV se les solicitaron devoluciones de importes en 2024 al determinarse, tras haber revisado sus datos fiscales, que no cumplían los umbrales de renta para ser beneficiarios de la prestación."El problema es que esta es una prestación de primera necesidad y se calcula con carácter retroactivo en base a la necesidad que tenías hace dos períodos fiscales, lo que es absurdo. Lo que hacen es revisar la prestación y decirte, no que no te corresponda, sino que no te correspondía entonces. Con lo cual, todo lo que has cobrado entre tanto lo tienes que devolver", declara María Hontanares, miembro de ATD Cuarto Mundo, una ONG que asesora a los afectados. "Además, la Seguridad Social tiene hasta 4 años para hacer las revisiones con lo cual la gente, aunque solo sean algunos casos, está generando unos cobros indebidos salvajes".Desde Seguridad Social, se asegura que se ha atendido a las quejas y se han realizado cambios para evitar las acumulaciones de deudas, pero estas no tendrán ya ningún efecto sobre las personas que adeudan enormes cantidades a causa de errores de la Administración."Para evitar al máximo la generación de inconvenientes a los beneficiarios de la prestación, el Gobierno ha ido introduciendo mejoras como el sistema de doble revisión de los ingresos de los beneficiarios del IMV", explican fuentes de la Secretaría General de la Seguridad Social. "El objetivo es el de adelantar todo lo posible la actualización de las cuantías de la prestación consiguiendo así reducir la posible generación de cantidades a regularizar. Las familias beneficiarias sabrán así, con mucha mayor antelación, si su IMV sube, baja o se suprime y podrán reducir su incertidumbre sobre la cuantía que les va a corresponder finalmente. En el supuesto que la cuantía baje, se les aplicará un ajuste progresivo, en función de sus necesidades, evitándose la acumulación de deudas si se supera el umbral de ingresos".ATD Cuarto Mundo se hizo cargo de una demanda colectiva sobre el tema que trasladó al Consejo Europeo, aunque por el momento no ha tenido un resultado concluyente. Entre tanto, cientos de afectados están optando por llevar sus casos a los tribunales basándose en la doctrina Cakarevic, un criterio jurisprudencial originado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece que un ciudadano no está obligado a devolver una prestación cobrada por error de la Administración. Las sentencias que se han ido generando hasta la fecha han sido, en muchos casos, contradictorias, y Hontanares calcula que el tema acabará disolviéndose en el Tribunal Supremo."No sabemos por dónde nos da el aire"La historia de Rebeca, que prefiere mantenerse en el anonimato con este nombre ficticio, no es muy diferente a la de Cristina. Esta madre divorciada de 47 años nunca solicitó el IMV, sino que venía cobrando una prestación por hijo a cargo como madre monoparental con dos hijos a su cargo. En 2020 se le comunicó de oficio que su prestación se cambiaría al IMV. Al igual que en el caso de Cristina, el IMV se abonó sin computar correctamente las pensiones de alimentos de sus hijos, pese a que esa información ya constaba en la documentación y registros oficiales y, cuatro años después, recibió una carta avisando de pagos indebidos. Debía 12.000 euros."Yo me quedé a cuadros y dije: 'Bueno, y ¿esta gente, qué me cuenta?'. Hacen y deshacen lo que les da la puta gana. ¿De dónde quieren que saque yo 12.000 euros para pagarles? Ellos no computan las pensiones de mis hijos que les constan desde el 2014 y, yo, ¿Tengo que pagar el error de la Administración? ¿Pero este Estado cómo cojones funciona?", declara Rebeca sin ocultar su indignación.Pero de aquella rabia, Rebeca sacó energías para organizar a las personas afectadas. Tras bucear en redes sociales contactó con otras afectadas y decidió poner en marcha un grupo de WhatsApp para compartir experiencias y ayudarse mutuamente. Actualmente, el grupo alberga a más de 250 afectados."Me di cuenta de que la gente no sabe qué hacer, no sabe para dónde tirar, cómo resolverlo, se encuentra en una indefensión institucional abrumadora, aplastante. Me encuentro con gente con depresiones, gente que me envía audios llorando, desesperada, amenazando con quitarse la vida. Horrible", describe Rebeca. "Es un problema estructural. No es un problema de gente que tenga mala fe, ocultación o falsedad documental, falsedad. Yo veo que ahí hay una problemática de gente que no sabemos por dónde nos da el aire y que de repente nos llegan unas deudas que no podemos afrontar".Desde la plataforma de afectadas, estructurada a través de este grupo, el de Facebook y un blog, se ha animado a todos a enviar cartas al Defensor del Pueblo, se ha instado al Gobierno a modificar la ley y ha perdonar las deudas y se han mantenido reuniones con grupos parlamentarios como el ERC, Sumar, Partido Popular o un diputado del PSOE. Hasta la fecha, sin embargo, solo se ha conseguido que Sumar presente el mencionado proyecto de ley que Rebeca considera poco más que un gesto y "una declaración de intenciones y nada más".Penalizada por trabajarSi Rebeca ha sido quien ha gestionado durante este tiempo el grupo de Whatsapp, su homóloga como administradora del grupo de Facebook es Ana Hernández, una canaria de 58 años que fue de las primeras en aglutinar el movimiento de afectadas. Residente en la isla de La Palma, su deuda no asciende a una cantidad tan alta como la de las otras dos entrevistadas en este reportaje, aunque su caso ilustra bien una de las grandes deficiencias del IMV tal y como está diseñado.Cuando comenzó el confinamiento por la pandemia del covid en 2020, perdió su trabajo en limpieza industrial. Vivía por entonces ella sola, divorciada desde hacía tiempo y con dos hijos adultos e independizados. Ese mismo verano, solicitó el recién aprobado IMV, que le fue aprobado en marzo de 2021 teniendo en cuenta su renta del año precedente. Poco después, recibió una oferta de trabajo temporal para limpiar en una escuela y comunicó las variaciones. Durante este tiempo, recibió entre 50 y 100 euros mensuales en concepto de IMV."En septiembre de 2021 entró en erupción el volcán de Tajogaite, que cubrió buena parte de la isla de La Palma de ceniza durante 85 días. "Necesitaban personal y a mí me llamaron y yo fui a trabajar. Y entonces ya, al al principio fue todo normal, pero ya cuando empezó a caer ceniza, ya no dábamos abasto", recuerda la canaria. "Primero con cepillo y recogedor y ya después yo tenía herramientas en casa que me valían y me las llevaba a trabajar. Aquí la cuestión era faenizar y sobrevivir. Fue una experiencia bastante dura, estresante, deprimente, o sea, de todo. Después finalizó mi contrato en agosto de 2022".En octubre de ese año, su IMV fue interrumpido sin mayor explicación durante tres meses hasta que recibió la carta informándole de que, tras haber revisado su renta, se había determinado que había superado el umbral mínimo al haber tenido un trabajo temporal. Se le reclamaban 1.200 euros de cantidad adeudada con la Seguridad Social."A pesar de que la situación fue lo que fue. Una emergencia volcánica, un contrato de trabajo temporal, que tampoco era un sueldazo, no llegaba al salario mínimo, 900 y pico euros. Y no tuvieron contemplaciones ningunas. Cuando hice la declaración de la renta, vieron que en el año había ganado 13.000 euros y me lo pusieron como si yo en ese año me hubiera hecho rica", declara Ana, que recuerda la indignación que sintió en esos días. "Trabajar como una cabrona para esto. De verdad. A mí la percepción que me dejó es que me habían castigado por trabajar".Ana fue a juicio, pero finalmente optó por pagar la cantidad adeudada, como están haciendo la gran mayoría de afectados: "No tenía ni el cuerpo ni los nervios para estar batallando. Entonces cogí y pedí el fraccionamiento del pago".Si quieres contactar con 20minutos, realizar alguna denuncia o tienes alguna historia que quieres que contemos, escribe a pablo.rodero@20minutos.es. También puedes suscribirte a las newsletters de 20minutos para recibir cada día las noticias más destacadas o la edición impresa.