Según los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de abril, 2,2 millones de personas cobran en estos momentos el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España; o lo que es lo mismo, 720.000 hogares. Aunque puedan parecer muchos, de acuerdo con la Autoridad Fiscal (Airef) son solo la mitad de los potenciales beneficiarios de una ayuda que la semana pasada cumplió su primer lustro de existencia. Sin embargo, esta ley se enfrentará próximamente a la justicia europea, puesto que el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha aceptado a trámite una denuncia que cuestiona su regulación, y acusa a la normativa española de contravenir la Carta Social Europea, precisamente por estar reglada de tal forma que no es capaz de llegar a todas aquellas personas que la necesitan.
“El Comité ha aceptado revisar si la ley aprobada por el gobierno español sobre el Ingreso Mínimo Vital y la compatibilidad con las rentas autonómicas es conforme a los artículos 13.1, 15.3, 16, 17, 30, 31 y E de la Carta Social Europea”, señalan desde ATD Cuarto Mundo Internacional, una ONG que trabaja para erradicar la extrema pobreza, y que ha presentado la denuncia con el apoyo de las personas y colectivos que participan en la Oficina Jurídica de Derechos Sociales (conformada por colectivos colaboradores, personas afectadas y profesionales, entre otros ForoServSocial, Observatorio de la Exclusión Social y Procesos de Inclusión de la Comunidad de Madrid (OEISM), Grupo de personas afectadas por el IMV). “Valoramos la admisión a trámite de la reclamación colectiva como un éxito de la movilización social contra la ley del Ingreso Mínimo Vital y que, además, pone en entredicho la campaña triunfalista de los últimos días del Gobierno”, recalcan.
