La nueva ley ataca problemas particulares que nuestro sistema pasaba por alto. Queda el enorme interrogante sobre la viabilidad financiera.

La ponencia pide devolverla al Congreso para subsanar vicios ocurridos en el trámite.

Mientras los magistrados siguen divididos, trabajadores, Colpensiones y fondos privados esperan una definición sobre las reglas.