El poder casi siempre es más cutre e improvisado de lo que muchas veces creemos. Y esto vale tanto para la política como para las empresas del Ibex. Solo así se explica la falta de pudor con la que en demasiadas ocasiones se conducen quienes a falta de ejemplaridad deberían, al menos, aprender a disimular mejor. Planifica Madrid, una empresa pública destinada a gestionar patrimonio, adquirió de forma singularmente opaca un ático de lujo en el barrio de Chamberí por más de seis millones de euros. Tras un primer silencio, la presidenta Isabel Díaz Ayuso afirmó que dicha vivienda se había comprado para instalar oficinas de manera transitoria debido a las obras de la Casa de Correos. La justificación resultó extravagante por dos motivos: el primero es que carece de sentido adquirir de forma permanente un inmueble para cubrir una necesidad temporal. El segundo y definitivo es que el piso no contaba con la licencia necesaria para albergar la actividad declarada. Ante la insuficiencia de la coartada, la Comunidad de Madrid ha optado por poner a la venta la propiedad, con el demagógico agravante de destinar el beneficio a revertir los daños de los incendios. El movimiento es en sí mismo elocuente: si el piso se había comprado con un propósito legítimo, no debería venderse. Y si la finalidad era distinta y menos honrosa que la declarada, además de una explicación se harían exigibles responsabilidades políticas. En un esfuerzo comunicativo baldío, el consejero responsable de la adquisición del ático derivó el foco hacia el debate de si la presidencia de la Comunidad de Madrid debería contar con una residencia oficial. La maniobra es reveladora y casi inculpatoria, por cuanto vincula el ya célebre ático de Chamberí con aquello que desde el principio se había intentado negar. En un último intento de distracción defensiva, la Comunidad de Madrid ha apuntado a los graves casos de corrupción del Gobierno Central. La estrategia es tan poco legítima como ineficaz, toda vez que los errores y las faltas de un adversario jamás deberían servir para justificar los excesos propios. En democracia, las responsabilidades no se compensan entre rivales.A falta de que alguien ofrezca una explicación más verosímil, los ciudadanos estamos legitimados a creer que las cosas son lo que parecen. Y esa realidad aparente, salvo para quienes quieran hipotecar la imparcialidad de su juicio en el lamentable juego del muro y la trinchera, resulta ética y políticamente inaceptable