El polémico ático de lujo en Chamberí comprado a hurtadillas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y cuya venta el Ejecutivo regional ha anunciado un día después de destaparse la operación está en manos de la empresa pública Planifica Madrid. En la transacción se exigió a la parte vendedora de ese inmueble la firma de un acuerdo de confidencialidad con carácter previo incluso a la visita del piso, explican fuentes conocedoras del proceso. El inmueble, según aseguró Isabel Díaz Ayuso el miércoles, iba a destinarse a “reuniones”, pese a que no puede convertirse en oficinas. Y ahora volverá al sobrecalentado mercado inmobiliario madrileño.
Desconocida hasta ahora para el gran público, Planifica Madrid, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta, no informó del importe de la transacción, formalizada hace meses. La entidad es un medio propio de la Administración madrileña. Y canalizar una operación así a través de esta figura, al ser un negocio privado de una sociedad mercantil, reduce notablemente los controles: se esquivan trámites como la valoración técnica previa del inmueble y el informe jurídico de un funcionario que valide la transacción. Tampoco es necesaria, por ejemplo, la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni un crédito presupuestario con cargo a las cuentas autonómicas.
