El escenario judicial que se abre ante el episodio de la compra opaca de un ático de lujo por parte de la empresa pública Planifica Madrid, supuestamente para que sirviera de oficina temporal de Isabel Díaz Ayuso aunque en realidad solo se puede utilizar como vivienda, dependerá en buena medida de la interpretación que haga el juzgado del delito del artículo 432 y siguientes del Código Penal, que describen la malversación.PublicidadSi el magistrado Manuel Marchena entendía que en el referéndum independentista del 1-O, usar el dinero de las arcas públicas catalanas en lugar de que los líderes del procés desembolsaran el suyo propio constituía un delito de malversación, ya que se dispuso de dinero público para sufragar un plan político al margen de la ley, en este caso de Madrid bien podría entenderse que el Gobierno de Ayuso utilizó el erario para sufragar un capricho incompatible con la normativa, como es utilizar un ático de uso residencial como oficinas de la Administración regional y despacho de la presidenta.Así lo cree el jurista José Antonio Martín Pallín, que indica a Público que el presunto delito se enmarcaría en la modalidad de malversación por administración desleal, en el sentido de una posible "gestión desleal de los fondos públicos encomendados con perjuicio para el patrimonio público". Y subraya este magistrado emérito del Supremo que el "ánimo de lucro" que menciona el artículo 432.1 para el funcionario que comete malversación no hay que entenderlo únicamente como el afán de quedarse con fondos públicos sino, como dijo Marchena, en el ahorro personal que supone sufragar con dinero del erario una presunta irregularidad. El anuncio oficial de la puesta en venta del ático de lujo de 481 metros cuadrados por 6,69 millones de euros, en el distrito madrileño de Chamberí, el pasado viernes, días después de que trascendiera su compra, confirma que el Gobierno de Ayuso tiene mucha prisa en desprenderse del inmueble. El Ejecutivo madrileño sigue sin desvelar por cuánto dinero adquirió el ático, con una terraza de 200 metros cuadrados. Según publicó El País, fueron 6,3 millones de euros; una operación cuya documentación no es accesible a la opinión pública, ya que se gestó a través de una sociedad anónima de capital público como es Planifica Madrid.En el caso de que esta empresa pública lograse beneficios en la operación de venta –está abierta hasta el 7 de septiembre la recepción de ofertas–, ¿desaparecería un presunto ilícito de malversación, al no existir ya presumiblemente un perjuicio para el patrimonio público? Los juristas consultados por este diario lo ponen en duda. "El erario madrileño ha sufrido un presunto daño valorado en los 6,3 millones de euros que costó el ático. La operación se materializó independientemente de que luego se quiera revertir", opina Martín Pallín. PublicidadOtro veterano jurista, José Mariano Benítez de Lugo, considera que independientemente de cuál sea el resultado final de la venta del ático, el Gobierno de Ayuso pudo haber dispuesto de unos fondos públicos sin justificar su necesidad y eso es ya posible "materia punible". "La Comunidad de Madrid se cuidará mucho de que no haya pérdidas, porque además, en ese caso, podrían agravarse las acusaciones", dice Benítez de Lugo.El Gobierno de Ayuso ha puesto un precio de venta de 6,7 millones de euros, que vendría a ser el total del importe que desembolsó cuando compró el ático, si se suman todos los gastos de compra, como impuesto de transmisión patrimonial, gastos notariales y registrales, etc. Teniendo en cuenta que dichos gastos ascienden habitualmente al 7% del valor de la compra (440.000 euros en este caso), la Comunidad de Madrid habría invertido un total de 6,74 millones por el ático; más o menos lo que pretende recibir por la enajenación del inmueble. Un juzgado asignadoLa denuncia del partido Iustitia Europa, habitual en los frentes judiciales contra el PSOE y el Gobierno, ha recaído en el Juzgado de Instrucción 8 de Madrid, adonde la Fiscalía ha remitido este lunes las denuncias del PSOE y de tres particulares, entre ellos, Fernando Jabonero, por la compra del ático. Iustitia Europa pide que se investigue si la compra constituyó los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o fraude. Solicita al juez el expediente completo de la compra, los informes sobre necesidad, la tasación y las actas de la empresa pública sobre la compra y la venta; además pide la documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos.PublicidadIustitia Europa pide que se investigue si la compra constituyó los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o fraude. Solicita al juez el expediente completo de la compra, los informes sobre necesidad, la tasación y las actas de la empresa pública sobre la compra y la venta. Además pide la documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos.