0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialEl caso del ático de lujo de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid ha experimentado en las últimas horas un salto cualitativo que aprieta las costuras del Gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso. Lo que comenzó como una controversia política de primer orden por las sombras de opacidad y las explicaciones cambiantes de la Puerta del Sol ha entrado formalmente en los tribunales, después de que la Fiscalía Provincial de Madrid haya remitido al Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid las cuatro denuncias que ha recibido sobre la compra de un inmueble de 6,3 millones de euros ejecutada por una empresa pública.El cambio de dimensión procesal se ha desencadenado a raíz de la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa, tras la que el instructor ha abierto diligencias previas. La Fiscalía Provincial de Madrid ha procedido entonces a remitir al juzgado las cuatro denuncias que había recibido —tres interpuestas por particulares y una formalizada por el PSOE—, dado que la apertura de una investigación judicial impide al ministerio público mantener una actuación paralela sobre los mismos hechos.Lee tambiénLa denuncia de Iustitia Europa —que ha provocado la apertura de las diligencias judiciales— plantea la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público. La formación ha reclamado que se examine el expediente completo de la operación, incluidos los informes de necesidad, su tasación, la legalidad urbanística, la financiación y los acuerdos adoptados por Planifica Madrid, la empresa pública que ha formalizado la compra. Asimismo, ha pedido que se investigue la eventual intervención de la Consejería de Presidencia, la documentación relativa a las obras de la Real Casa de Correos que ha servido al Gobierno regional para justificar la adquisición como una solución temporal y el detalle de la comisión inmobiliaria abonada en la transacción.El PSOE, por su parte, ha planteado una disyuntiva especialmente incómoda para el Ejecutivo madrileño. Según su denuncia, la Comunidad ha podido incurrir en una “gravísima irresponsabilidad negligente” al adquirir un inmueble para una finalidad que ha resultado imposible de cumplir o, por el contrario, la justificación ofrecida ha sido incierta desde el principio y el objetivo real ha sido disponer de una vivienda de uso residencial. Los socialistas han considerado, además, que la decisión posterior de poner el ático a la venta de forma “precipitada” constituye otro indicio de posibles irregularidades y puede tener relevancia penal.El líder del PSOE-M, Óscar López, ha aprovechado la remisión de los escritos al juzgado para elevar la presión política: “La Justicia por fin investiga el caso del súper ático de lujo”, ha afirmado antes de confirmar que acudirá a la causa para “que se depuren todas las responsabilidades” y reclamar que “vuelva hasta el último céntimo de euro” a los madrileños. El también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha acusado a la presidenta autonómica de haber hecho pagar a los ciudadanos su “vida padre”: “Ya sabíamos que Ayuso no tenía vergüenza, pero ahora tampoco tiene escapatoria”, ha declarado.La apertura de la vía judicial ha coincidido con un cambio significativo en la estrategia de comunicación de Ayuso. La presidenta madrileña ha dejado de admitir preguntas en sus últimas intervenciones públicas tras la creciente incomodidad que ha mostrado ante las cuestiones sobre el inmueble y, sobre todo, por la incapacidad del Gobierno regional para ofrecer una única versión que explique un desembolso de 6,3 millones de euros.Su comparecencia de este lunes para informar sobre los incendios de la sierra Oeste resultó reveladora: la presidenta acudió sin admitir preguntas, en un formato diseñado al detalle por su equipo de comunicación tras la incomodidad que exhibió el pasado sábado cuando fue confrontada por las contradicciones de su gabinete. El Ejecutivo regional justificó inicialmente la compra de 6,3 millones como un despacho provisional por las obras de la Real Casa de Correos, pero esa versión inicial ha ido dando paso a matices e inconsistencias que siguen sin aclarar por qué una administración pública adquirió un ático de lujo para un uso supuestamente temporal.El repliegue ante los medios concede cierto margen de maniobra a la Puerta del Sol, pero la judicialización altera el escenario de forma irreversible. Las explicaciones políticas ya no son el único frente abierto para el Gobierno autonómico: con un juzgado de la capital examinando la legalidad de la operación y el PSOE personado en la causa, el caso del ático trasciende la crisis de reputación para adentrarse de lleno en el terreno penal.Redactor de la sección de política tras una década cubriendo la actualidad de Madrid entre 2011 y 2022. Antes en Microsoft News y el diario Metro