La suspensión cautelar de la licencia de actividades de Valogreene Econova por parte del Ayuntamiento de la Selva del Camp (Tarragona) ha supuesto un primer revés para el proyecto de una planta incineradora destinada a producir aceite pirolítico en el polígono Xalamec, muy próximo a núcleos urbanos de la Selva del Camp (Baix Camp), Alcover (Alt Camp) y Albiol (Baix Camp). Sin embargo, los vecinos organizados contra su instalación advierten que la batalla está lejos de haber acabado. La plataforma reclama que el consistorio no se limite a corregir defectos administrativos, sino que anule definitivamente la licencia e impida la implantación de una industria que considera incompatible con la salud y el territorio.PublicidadEl proyecto prevé una inversión de 64 millones para construir una planta capaz de transformar residuos plásticos, neumáticos, caucho y otros materiales en un aceite pirolítico patentado por la compañía, el Agnoil, así como en carbón. En el caso de la Selva del Camp, en total se quieren gestionar 80.000 toneladas anuales de residuos. El proyecto se desarrollará en dos fases, una fase inicial de 40.000 toneladas/año y una posterior con otra línea de tratamiento de 40.000 toneladas/año. Sería la planta de la compañía con la producción más alta en España, y generaría 35 puestos de trabajo, según datos de la empresa.Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte contestación social desde que se dio a conocer. El proyecto ha sido interpretado por el vecindario como una extensión del modelo petroquímico del Camp de Tarragona, una de las zonas con más concentración de industria química del sur de Europa. La plataforma considera que el proyecto perpetúa la dependencia de los combustibles fósiles bajo el paraguas de la economía circular y alerta de los posibles impactos ambientales y sobre la salud.Falta de evaluación ambientalEl giro en la tramitación llega después de que el Consell Comarcal del Baix Camp, órgano competente en este procedimiento, haya confirmado el criterio de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU) de la Generalitat. Según este criterio, el expediente no se sometió a un paso considerado esencial, como es la evaluación de impacto ambiental.Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido suspender cautelarmente la licencia de actividades porque considera que la falta de este procedimiento "no ofrece las garantías jurídicas necesarias". Una vez finalice el periodo de alegaciones, el consistorio deberá emitir una propuesta de resolución que será elevada a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, encargada de pronunciarse sobre la posible nulidad de la licencia.PublicidadPese a que la decisión municipal representa una victoria parcial para los opositores, la plataforma considera que el movimiento es insuficiente. "No es lo que esperábamos", afirma Ruben, portavoz de la plataforma y vecino afectado, en declaraciones a Públic. Lamenta que, con esta suspensión, la empresa podría tener la oportunidad de completar la documentación que faltaba y retomar posteriormente la tramitación."El consistorio debería buscar la nulidad del proyecto, como había dicho el actual alcalde -Enric Roberto- en un principio", sostiene Ruben. El vecino afectado recuerda que, en las primeras reuniones mantenidas con el gobierno municipal, el alcalde les había trasladado sus reticencias hacia el proyecto y la voluntad de encontrar argumentos jurídicos para frenarlo, a pesar de que ha sido el mismo ayuntamiento -con Josep Masdeu (PSC) al frente- quien desde un inicio ha facilitado su tramitación, con la subasta de parcelas que fueron adjudicadas a la empresa en cuestión y una modificación urbanística puntual para que un tramo de calle pase a ser suelo industrial.El debate sobre el tipo de control ambientalUna de las principales preocupaciones de los vecinos es el procedimiento ambiental aplicable a la planta. La plataforma defiende que el proyecto debería tramitarse bajo un régimen mucho más exigente, con controles continuos de las emisiones y una evaluación ambiental más exhaustiva. Según explica el vecino afectado, si finalmente el proyecto se mantiene bajo un régimen menos exigente, los controles serían mucho más espaciados. "Los análisis de las emisiones de las chimeneas serían cada seis años, en lugar de un control continuo por parte de la Generalitat", advierte.PublicidadPara los opositores, esta diferencia es relevante porque consideran que se trata de una tecnología todavía poco implantada y de la que no se conocen bien las emisiones reales. "Esta actividad es nueva. Las plantas de Galicia aún no están funcionando y están en fase de pruebas", afirma el portavoz de la plataforma.En cuanto al impacto ambiental de la futura instalación, la plataforma denuncia que todavía no está suficientemente claro qué compuestos se generarán durante el proceso de pirólisis. "Todo es predictivo y teórico", afirma, y recuerda que algunos informes de la Generalitat ya reclamaban justificar mejor determinados compuestos que podrían generarse en función de la combinación de residuos procesados.La plataforma insiste en que su objetivo va más allá de evitar la construcción de la planta en la Selva del Camp. "Queremos que no se implante de ninguna manera. Ni aquí ni en ningún otro lugar", afirma Rubén. Para los vecinos, la suspensión cautelar representa una oportunidad para que las administraciones revisen el proyecto. Sin embargo, advierten de que continuarán movilizados hasta que la licencia sea anulada definitivamente y se descarte la construcción de una planta que consideran incompatible con los estándares ambientales que, a su entender, debería cumplir cualquier nueva industria en Catalunya.