El proyecto de la planta de pirólisis que la empresa Valogreene quiere instalar en el polígono industrial Xalamec de la Selva del Camp (Tarragona) ha puesto en alerta a los vecinos de este pequeño municipio del Baix Camp y entidades ambientales del territorio. "Se ha presentado como una planta de reciclaje cuando en realidad funcionaría como una incineradora de residuos", denunciaban el martes representantes de la plataforma vecinal No a Valogreene la Selva del Camp y de Ecologistas en Acción y el GEPEC en un encuentro informativo que reunió decenas de personas.PublicidadEn una conversación con Públic, Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción del País Valencià y que conoce de primera mano la actividad de Valogreene porque participó en la oposición ciudadana que acabó frenando una planta similar que la compañía pretendía construir en Bergara, en Euskadi, explica que la principal actividad de este tipo de industrias es la quema de neumáticos, caucho y embalajes, entre otros, para crear aceite pirolítico, destinado a la industria de las poliolefinas, las ceras o los asfaltados.En el caso de la Selva del Camp, en total se quieren gestionar 80.000 toneladas anuales de residuos. El proyecto se desarrollará en dos fases, una fase inicial de 40.000 toneladas/año y una posterior con otra línea de tratamiento de 40.000 toneladas/año. Sería la planta de la compañía con la producción más alta en España y, probablemente, una de las mayores plantas de pirólisis de residuos plásticos e industriales proyectadas actualmente en el Estado. Generaría 35 puestos de trabajo y la mayoría serán oficiales (19) y operadores de planta (9).Según el portavoz ecologista, el proceso genera tres fracciones diferenciadas: un gas, un líquido y un residuo sólido. Este último sería un tipo de carbón sin una utilidad clara. "Ellos mismos dicen que si no hay ningún comprador, esto se tendrá que gestionar por un gestor de residuos", afirma.La principal crítica en cuanto a la actividad se centra en el destino final de los productos resultantes. Arribas sostiene que de las 80.000 toneladas de residuos tratados sólo se obtendrían aproximadamente 30.000 toneladas de aceites. "La pregunta es qué pasa con el resto. El resto se quema, o sea, es una actividad de incineración", asegura.PublicidadSegún Arribas, una parte de los gases generados se utilizaría como combustible para mantener la temperatura del proceso y el resto sería quemado. Por este motivo considera que la planta no se puede presentar como una instalación de economía circular ni de reciclaje avanzado, sino como una infraestructura asimilable a una incineradora.Dos chimeneas de 20 metros y una antorcha El ecologista también alerta de las emisiones asociadas a la combustión de los gases generados durante el proceso. Según explica, la documentación prevé dos chimeneas de 20 metros de altura y una antorcha, también de 20 metros, similar a las que funcionan en instalaciones petroquímicas. "Sería una actividad muy contaminante", sostiene. Arribas asegura que la combustión podría generar óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, amoníaco, hidrocarburos aromáticos policíclicos, dioxinas y furanos.Más allá de los aspectos ambientales, parte de las críticas se centran en la tramitación administrativa del proyecto. Arribas considera que la planta debería haber sido sometida a un procedimiento de autorización ambiental integrada, competencia de la Generalitat, y no a una simple licencia ambiental municipal.PublicidadSegún el ecologista, el volumen de combustión previsto obligaría a aplicar un procedimiento ambiental más exigente y cuestiona que la licencia se haya tramitado sin disponer, según afirma, de la correspondiente declaración de impacto ambiental. "La licencia no lleva la declaración de impacto ambiental", denuncia."Urbanismo a la carta"Otro de los puntos que genera más controversia es la compatibilidad urbanística de la instalación. Arribas asegura que las normas urbanísticas del polígono industrial aprobadas en el 2004 prohíben actividades que generen humos y olores. Por ello considera contradictorio que se haya concedido una licencia ambiental para una actividad que producirá humos y ruido. La planta se ubicaría a 200-300 metros de masías y a un kilómetro del núcleo de población.Arribas también crítica la modificación urbanística impulsada para facilitar la implantación de la empresa. La fábrica se instalará en tres parcelas del polígono Xalamec. Dos están contiguas y la tercera queda al otro lado de la calle del Tossal, sin salida. El Ayuntamiento de La Selva del Camp tramitó una modificación puntual para que aquel tramo de calle pase a ser suelo industrial, de manera que la compañía dispondrá de un gran terreno único de 15.969 m2. "Esto es urbanismo a la carta", denuncia.Después de que la empresa se interesara por la Selva del Camp, el Ayuntamiento sacó a subasta las tres parcelas que fueron adjudicadas a Valogreen Econova. El noviembre pasado se firmó la compraventa con Josep Masdeu a la alcaldía y se acordó con la empresa pagar sólo el 10% y el 90% restante en el plazo máximo de un año. Por lo tanto, el mes de noviembre será decisivo. Arribas también pone en cuestión algunos informes emitidos durante la tramitación. En particular, critica la valoración sobre el riesgo forestal del emplazamiento. "No hace falta más que acercarse a la parcela y ver que está al lado de suelo forestal", asegura, en referencia a un informe que, según explica, concluye que los terrenos no están en contacto directo con masa forestal.En declaraciones a la ACN, el alcalde de la Selva del Camp, Enric Roberto (ERC), dice que es un proyecto que no le "gusta", aunque el Ayuntamiento -con Josep Masdeu (PSC) al frente- ha facilitado su tramitación. Dice que, personalmente, no quiere este "tipo" de actividad en el polígono del pueblo y niega que se haya "facilitado" la llegada de esta empresa. Roberto "espera" que Valogreen no transfiera a las arcas municipales el 90% restante de la compraventa porque, dice, "no se pueden negar a dar el permiso de actividad".PublicidadUna extensión del polígono petroquímico de TarragonaPara los opositores, la cuestión va más allá del propio municipio. Arribas advierte que las consecuencias afectarían también a los pueblos del entorno y al conjunto del Baix Camp. "Sería una extensión del polígono industrial de Tarragona en una zona principalmente rural", afirma.Según el portavoz de Ecologistas en Acción en el País Valencià, la implantación de una industria de estas características podría acabar condicionando el futuro desarrollo del polígono donde se quiere ubicar esta planta. A su juicio, la presencia de este tipo de instalaciones podría dificultar la llegada de otras empresas interesadas en establecerse.La iniciativa prevé una inversión de unos 65 millones de euros y la creación de una treintena de puestos de trabajo. Los detractores, sin embargo, consideran que los beneficios económicos no compensan los riesgos ambientales y territoriales que atribuyen a la planta. Arribas considera "clave" la movilización ciudadana para detener la instalación. A GEPEC y a Ecologistas en Acción, también se ha sumado Unió de Pagesos, que ven con preocupación esta planta, ya que se trata de una zona agrícola.