El paisaje industrial que dibuja el polígono del Serrallo, en la franja litoral entre Almassora y el Grau de Castellón, convive desde hace décadas con los riesgos e impactos ambientales asociados a la actividad petroquímica. Sin embargo, un proyecto de transición ecológica es el que ha levantado esta vez la desconfianza cívica. Una docena de entidades vecinales y ecologistas, junto a partidos como Compromís, se han agrupado en la plataforma No Armonia Green para pedir al Consell que frene una macroplanta de amoniaco verde que ven “desmesurada” y potencialmente peligrosa. La lucha administrativa gestada en las asambleas del Espai Popular La Morralla del Grau está servida: el colectivo ultima a contrarreloj un paquete de alegaciones técnicas ante la Conselleria de Medio Ambiente antes de que expire el plazo el 13 de julio. De forma paralela, Compromís ha impulsado un acuerdo plenario para que el consistorio de Almassora se posicione en contra de la planta. El proyecto está impulsado sobre una parcela de 200.000 metros cuadrados por Armonia Green Castellón, SL, filial del grupo español Ignis, que en junio de 2024 selló una alianza de 400 millones de euros para proyectos de transición energética con el polémico fondo estadounidense proisraelí KKR. Prevé producir 503.382 toneladas anuales de amoniaco verde entre 2025 y 2033 con una inversión de 1.656 millones de euros, según datos de la empresa. La compañía, con la que EL PAÍS ha intentado contactar pero no ha obtenido respuesta, sostiene que la infraestructura consolidará a Castellón como nodo energético internacional y evitará la emisión de 1,2 millones de toneladas de dióxido de carbono. Sus detractores, en cambio, ven una operación de “puro negocio” en la que el territorio asume los riesgos de una sustancia altamente tóxica mientras el dividendo ecológico viaja en barco al norte de Europa: el amoniaco se destinará íntegramente a la exportación sin contribuir a la descarbonización de la industria provincial, que necesita de este recurso, producido con hidrógeno renovable, para avanzar en su transición energética. Riesgo de ‘efecto dominó’La alarma social encuentra respaldo en algunos informes técnicos de las administraciones locales afectadas. Uno del Ayuntamiento de Almassora insta formalmente a la empresa a realizar mediciones sonoras y de olores de forma continua, ante el posible impacto acumulativo en una zona de elevada concentración industrial. El consistorio de Castellón advierte en otro informe técnico del elevado riesgo de “efecto dominó”, que la empresa ignora, denuncian desde la plataforma. El Serrallo alberga instalaciones sometidas a la normativa europea Seveso para prevenir accidentes graves con sustancias peligrosas, como la refinería de BP, las plantas químicas de UBE Corporation o los tanques de hidrocarburos de Repsol, además de ciclos combinados de Iberdrola. El citado efecto dominó apela a que, en un escenario repleto de almacenaje de productos petroquímicos, un incidente aislado puede impactar en todo el polígono. El informe municipal de Castellón señala, asimismo, que la macroplanta ocupará más del 30% de un sector que el Plan de Ordenación Urbana tenía reservado para una plataforma logística estratégica vinculada a la estación intermodal, limitando el desarrollo de la zona.“No estamos en contra de la producción de amoniaco ni de la descarbonización, pero este proyecto es excesivo e inviable”, matiza Carlos Arribas, portavoz de Ecologistes en Acció del País Valencià, una de las organizaciones del frente cívico contra Armonia Green. Las alegaciones presentadas inciden en que el proyecto soslaya el riesgo de explosión e incendio de los dos gigantescos tanques proyectados, con una capacidad conjunta de 56.000 toneladas de amoniaco. “Hablamos de una sustancia inflamable y muy tóxica por inhalación. En caso de siniestro grave por sobrepresión, la nube tóxica se generaría a 1,5 kilómetros del casco urbano de Castellón, a 2 del Grau y a 2,5 de Almassora, con un radio de daños irreversibles para la salud humana que alcanzaría los cuatro kilómetros”, detalla Arribas. Los ecologistas denuncian, además, que la promotora no ha sometido a información pública los planes de seguridad y autoprotección, remitidos directamente a la Conselleria de Industria. También alertan del trazado de las conducciones que transportarán el amoniaco de los depósitos a los muelles del puerto para su exportación, al considerar que una eventual fuga podría afectar a instalaciones industriales próximas.Sobre los riesgos para la seguridad que implica el proyecto, acaba de conocerse un informe de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat de julio de 2025 desfavorable a la empresa. Dicho análisis considera que ni “las dimensiones de las zonas de intervención y de alerta contenidas en el informe de seguridad presentado” ni “las medidas de protección a la población previstas” aseguran que se pueda “mitigar el impacto” de un posible accidente. El documento insta a la compañía a rediseñar el proyecto incorporando las medidas de seguridad adicionales necesarias.Sin beneficio para la cerámica localOtro eje del debate es la balanza de costes y beneficios. Castellón cuenta con un sector industrial clave, el azulejero, que afronta el reto de descarbonizar sus hornos y adaptarse a las exigencias derivadas de los derechos de emisión de dióxido de carbono. Sin embargo, el diseño de la planta descarta el suministro local: el 100% de la producción de amoniaco se almacenará en tanques refrigerados para su exportación vía marítima. “La provincia sufrirá todos los impactos ambientales, paisajísticos y de riesgo industrial, pero no obtendrá beneficios directos de la transición energética asociada al proyecto”, denuncia el portavoz ecologista. En la misma línea se expresa desde La Morralla Vicente Luis Olivares, vecino del Grau: “El modelo de energía está muy bien, pero no va a repercutir en la descarbonización de las empresas de aquí. Nos dejan todo lo feo, la contaminación, los olores y el peligro, mientras el amoniaco se va a Europa”.A ello une la “escasa rentabilidad social” de una inversión milmillonaria que generará, según las previsiones, un centenar de puestos de trabajo estables, recuerdan desde la plataforma, que aglutina a La Morralla, La Plataforma No a la Contaminació, Ecologistes en Acció, Iaioflautes Castelló, Subversives, la Verduleria, BDS Castelló, la asociación vecinal El Faro, Compromís de Almassora y Castelló, Acció Llibertària y la Associació Amics de la Mar d’Almassora, y que esta semana se ha concentrado contra el proyecto ante la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, aprovechando la junta de gobierno y un acto informativo municipal en el Grau. La etiqueta “verde” de la planta también genera dudas. Para separar el nitrógeno del aire y obtener el hidrógeno mediante la electrólisis a partir de cinco millones de metros cúbicos de agua marina desalada del puerto, la planta requerirá una potencia máxima de 850 megavatios (MW). Esa cifra equivale a la capacidad de una de las dos centrales de ciclo combinado instaladas en El Serrallo y su consumo anual estimado representaría cerca de una cuarta parte de toda la energía eléctrica consumida en la Comunitat Valenciana. “La promotora sostiene que la energía procederá exclusivamente de contratos renovables de origen fotovoltaico o eólico, pero el funcionamiento real del sistema eléctrico español implica que, en momentos de baja generación renovable, la planta tendrá que abastecerse de la electricidad de ciclos combinados alimentados con gas natural”, argumenta la plataforma. Las alegaciones ambientales alertan también de posibles afecciones al medio marino: el vertido anual de cuatro millones de metros cúbicos de salmuera y aguas residuales industriales en el puerto podría alterar las condiciones del entorno y afectar a las praderas de Posidonia oceanica situadas a 850 metros, así como a ecosistemas incluidos en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Espacio Marino del Delta del Ebro e Islas Columbretes.Los colectivos contrarios al proyecto insisten en que su posición no implica un rechazo general a las energías renovables, sino una llamada al “sentido común” sobre la escala y ubicación de las infraestructuras para generarlas. Ecologistes en Acció cita como ejemplo el proyecto impulsado por BP, orientado al autoconsumo local mediante un electrolizador de 25 megavatios. “Si el objetivo fuera un proyecto de menor dimensión, destinado a suministrar a la industria castellonense y ubicado en una zona más adecuada, sería aceptado”, concluye Carlos Arribas.La plataforma ciudadana recuerda que los promotores estudiaron previamente a Castellón otras ubicaciones como Tarragona ―donde la población está muy sensibilizada tras el accidente petroquímico de 2020― y Sagunto, donde la proximidad de la gigafactoría de Volkswagen planteaba condicionantes urbanísticos. La movilización vecinal que ahora se coordina en Castellón pretende trasladar al debate público los riesgos y efectos asociados al proyecto, demostrar que la ciudadanía del litoral de la Plana no es ajena a ellos y que la etiqueta medioambiental no justifica, insisten, cualquier “desmesura” en su territorio.