El rechazo vecinal desde las cinco provincias de Castilla-La Mancha y las numerosas protestas han dado sus frutos. Las plataformas contra el biometano de la comunidad autónoma han conseguido, tras varias solicitudes, mantener un encuentro con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y su equipo. Han conocido de primera mano el decreto que el Ejecutivo de Page prepara para restringir su implantación y que también supone una moratoria de un año en la que los expedientes en curso quedarán en suspenso para que puedan adaptarse a la nueva norma.
Lo más destacado: los colectivos reunidos con el Gobierno regional dan por “enterrado” el Plan de Biometano que la Administración autonómica llevaba dos años preparando con horizonte 2030. Según afirman, la propia consejera afirmó en el encuentro que ese proyecto “ya es pasado”.
No es la primera vez que el Ejecutivo regional plantea una moratoria para proyectos industriales que tienen que ver, directa o indirectamente, con los residuos. En 2022 se frenó la implantación de las macrogranjas porcinas - una de las fuentes de suministro para producir biometano- durante dos años, aunque en enero de 2025 los permisos volvieron a reactivarse.
