Petrificados nos hemos quedado con la sentencia de la Audiencia de Badajoz contra David Sánchez Castejón, hermano del presidente del gobierno. No por esperada, resulta menos impactante al conocer los argumentos barajados. La justicia extremeña le ha clavado 9 años de inhabilitación para ejercer cargo público. El tribunal -como ya pasó con el Supremo en el caso del fiscal general Álvaro García Ortiz- no tiene pruebas para condenarle, y aun así lo ha hecho. Los magistrados no han sido capaces de encontrar en la contratación de David Sánchez Castejón ni tráfico de influencias ni presiones acreditadas. La sentencia considera que no se ha probado quién está detrás de la creación y adjudicación de la plaza. Y se atreven a opinar que era “una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido”. Pero ven prevaricación por los ojos del coronel Balas de la UCO, según los expertos que han seguido más minuciosamente el proceso.
Las especulaciones llegan al punto de incluir en los argumentos que “Pedro Sánchez era el 11 de octubre una ”figura política señera y futuro Secretario General del PSOE“. Repito: ”futuro Secretario General del PSOE“. Un rizar el rizo tan extremo que ya condenan como profetas de lo que va a suceder. Menos mal que se han cortado un poco y no le mandan varios años a cárcel como pedían las acusaciones de ultraderecha que motivaron este estrambótico proceso. Pero es algo que podría pasar en la profunda indefensión en la que sitúa a España esta justicia tan peculiar.
