Editorial La desaforada reacci�n del Gobierno y del PSOE contra la sentencia contra David S�nchez parece orientada a preparar el terreno ante las pr�ximas resoluciones judiciales sobre Bego�a G�mezDavid S�nchez, en la Audiencia Provincial de Badajoz, el pasado mayo.AFPActualizado Martes,
julio
23:10Audio generado con IALa condena de la Audiencia Provincial de Badajoz a David S�nchez por prevaricaci�n tiene una relevancia pol�tica trascendental, ya que constata la resistencia de los contrapoderes del Estado frente a quienes desde el mismo Estado han intentado debilitarlos. La desaforada reacci�n del Gobierno y del PSOE contra la sentencia, dictada de forma un�nime por tres magistrados, retrata la campa�a populista de descr�dito de la Justicia emprendida por la Moncloa, que proclama �inocente� al hermano del presidente y enmarca el fallo en una pretendida conspiraci�n derechista. El mensaje parece orientado a preparar el terreno ante las pr�ximas resoluciones judiciales sobre Bego�a G�mez, un elemento clave para la narrativa de Pedro S�nchez en lo que queda de legislatura.El Ejecutivo habla de cacer�a pol�tica, cuando quien le ha dado dimensi�n pol�tica al caso es precisamente quien impuls� una cloaca para obstaculizar la investigaci�n, y quien ahora convierte a David S�nchez en la �ltima v�ctima del llamado lawfare. La realidad objetiva es que la anomal�a no ha estado en la actuaci�n de la UCO, de la instructora ni de la Audiencia, sino en las enormes presiones que estos han soportado. La sentencia no es firme y ser� recurrida, pero constituye un s�lido aval al trabajo de los investigadores.El tribunal considera acreditado que la plaza creada en la Diputaci�n obedeci� al inter�s particular de su adjudicatario, el hermano de S�nchez, y no al inter�s general, y que despu�s fue modificada para adaptarla a sus preferencias. Los jueces no ven probado qui�n impuls� pol�ticamente la creaci�n de la plaza ni atribuye responsabilidad alguna al presidente.Seg�n las investigaciones judiciales sobre la trama de Leire D�ez, el caso Herman�simo fue el procedimiento con el que comenzaron las presiones sobre la UCO para que se pusiera �de perfil� ante los asuntos que afectaban a S�nchez. Tambi�n fue la causa en la que la juez Biedma sufri� campa�as de descr�dito y seguimientos en su vida privada. Si el caso adquiri� una dimensi�n institucional fue porque desde el propio Estado se intent� desestabilizarlo.La extensa sentencia (377 p�ginas) proyecta, adem�s, el progresivo deterioro de la autoridad de la Fiscal�a. Como ocurri� con el fiscal general, despu�s de que el Ministerio P�blico se opusiera al juicio, el tribunal dicta una sentencia condenatoria, en este caso contra un total de once personas. Con ello, la funci�n social de la acusaci�n popular queda claramente reforzada como mecanismo de control cuando la Fiscal�a renuncia a acusar.La democracia se debilita atacando a los jueces cada vez que una resoluci�n resulta inc�moda y, por el contrario, se fortalece cuando quienes ejercen el poder aceptan que tambi�n ellos, su partido y su entorno familiar est�n sometidos al Estado de derecho.
