El tribunal refuta las alegaciones de David Sánchez y confirma su procesamiento por prevaricación y tráfico de influencias

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados por las supuestas irregularidades en su contratación, en 2017, como coordinador de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz, un puesto de alta dirección creado un año antes, que le fue adjudicado de manera discrecional y cuyas funciones el familiar del líder socialista tuvo dificultades para describir durante la fase de instrucción. La Audiencia Provincial de Badajoz rechazó ayer los recursos de David Sánchez y los otros 10 procesados, entre ellos el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de enviarlos a juicio por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Los cuatro magistrados concluyen que de la investigación de la jueza se desprende que existen “indicios suficientes (...) sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas” y ordena la celebración del juicio. La resolución no es recurrible. La Fiscalía y las defensas habían pedido el archivo de la causa argumentando que las acusaciones se sustentaban en “conjeturas o sospechas”, mientras las acusaciones populares —que lidera el seudosindicato Manos Limpias y entre las que también están PP, Vox y organizaciones del ámbito ultra— presentaron en mayo su escrito de acusación en el que piden tres años de cárcel para el hermano del presidente y otro tres para el dirigente socialista regional, que el pasado mayo entró como diputado en la Asamblea de Extremadura en busca del aforamiento, una maniobra que fue frenada por el Tribunal Superior de Justicia extremeño por “torticera” y constitutiva de “fraude de ley”. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, expresó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el “máximo respeto a las decisiones judiciales” antes de apuntar que el Ejecutivo tiene “toda la confianza y la esperanza en que la verdad se abrirá camino y pondrá las cosas en su sitio” en este caso, informa José Marcos.