Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; al líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas acusadas de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en la contratación del primero en 2017 y de un extrabajador del Palacio de La Moncloa en la Diputación de Badajoz −tras una denuncia de la organización ultra Hazte Oír y Vox en 2024− ha enviado este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura una exposición razonada —documento donde se explican los argumentos del caso, a juicio de la magistrada— contra el socialista Gallardo. La jueza Biedma considera que el aforamiento de Gallardo de hace unas semanas es un “fraude de ley”.
Esta decisión, adelantada por el diario El Confidencial y a la que también ha tenido acceso EL PAÍS, es consecuencia del último movimiento político del líder socialista extremeño. Gallardo era hasta hace unos días presidente de la Diputación de Badajoz. Es decir, su caso iba a ser deliberado por un juzgado de lo Penal de Badajoz al no ser diputado autonómico y, por tanto, no estar aforado. Pero, en un movimiento impulsado por el partido y él mismo, decidió dar el salto a la Asamblea de Extremadura, donde tuvo que renunciar un diputado y tres más que iban en la lista. Ahora, Gallardo, que ya es formalmente diputado en el Parlamento autonómico, sí pasa a ser aforado.
