Como era de esperar, la sentencia condenatoria -por unanimidad- de la Audiencia Provincial de Badajoz a David S�nchez P�rez-Castej�n, hermano del presidente del Gobierno, como cooperador necesario de un delito de prevaricaci�n administrativa, con pena de nueve a�os de inhabilitaci�n para empleo o cargo p�blico, ha dividido a la opini�n p�blica en dos mitades casi perfectas, al igual que sucedi� con la sentencia condenatoria al entonces fiscal general del Estado. De un lado est�n los convencidos de que, sentencia a sentencia e instrucci�n a instrucci�n, el poder judicial quiere acabar con este Gobierno (en su versi�n lunatic fringe se habla nada menos que de un golpe de Estado judicial). Del otro, los convencidos de que el entorno familiar de Pedro S�nchez est� compuesto de sinverg�enzas que deben acabar en la c�rcel y de que el presidente deber�a dimitir y convocar elecciones por responsabilidad pol�tica, aunque en este caso hablemos de familiares y no de ex ministros o ex secretarios de Organizaci�n del PSOE.Para poder analizar con mesura lo que dice la sentencia, recordemos brevemente que la prevaricaci�n -dictar una resoluci�n injusta a sabiendas- es un delito de los llamados �de autor�, es decir, que en principio lo cometen los altos cargos o los funcionarios, que son los que tienen esta capacidad de crear un cargo ad hoc o de d�rselo arbitrariamente a quienes les parezca, pero no los particulares que se benefician de la maniobra. En ese sentido, no es extra�o que se condene al ex presidente de la Diputaci�n de Badajoz, Miguel �ngel Gallardo (el del aforamiento expr�s), y a otros responsables de la creaci�n y el ama�o de la plaza, todos ellos empleados o funcionarios de la Diputaci�n. Lo novedoso es que se condena tambi�n al enchufado como cooperador necesario, es decir, como persona sin cuya ayuda no se habr�a podido cometer el delito como entiende la Audiencia Provincial.Dicho de otra forma, si condenar al enchufante es razonable -siempre que se entienda que hay prevaricaci�n administrativa, claro est�-, condenar a los enchufados no lo parece tanto salvo que realmente su cooperaci�n material sea indispensable, que es lo que entiende la Audiencia Provincial. Hasta ahora, aunque son los beneficiados directos, no se consideraba que los enchufados fueran responsables de que les crearan o les regalaran una plaza. Es verdad que tampoco existen muchos precedentes, como veremos. En todo caso, es importante destacar que la sentencia absuelve a los acusados del delito de tr�fico de influencias -en el que la acusaci�n popular hab�a puesto mucho �nfasis-, dado que entiende que no est� acreditado que se produjera una intervenci�n por parte del hoy presidente del Gobierno en favor de su hermano.Tambi�n se ha dicho, con raz�n, que los enchufes no suelen llevarse a la v�a penal, y que la v�a habitual para protestar contra este tipo de actos es la contencioso-administrativa. Lo que ocurre es que esta �ltima exige que alguien interesado en la plaza recurra, y eso cuesta tiempo y dinero; adem�s, en el organismo del que se trate no te van a mirar con buenos ojos para la siguiente plaza que salga, como sabe cualquier empleado o funcionario p�blico. Incluso puede sufrir represalias. Y, en el mejor de los casos, el tribunal competente, dado el car�cter revisor de la jurisdicci�n contencioso-administrativa, aunque estime el recurso, se limitar� normalmente a retrotraer las actuaciones, es decir, a volver al punto de partida para eliminar la arbitrariedad y/o la discriminaci�n en el nombramiento. Para colmo, no es infrecuente que el �rgano competente ratifique el nombramiento inicial cambiando un poco la argumentaci�n, como sabemos los abogados que nos dedicamos a esto. Y vuelta a empezar si el cliente tiene ganas de seguir luchando, lo que no siempre ocurre.En este caso, adem�s, no solo hay un enchufe ordinario: el elemento diferencial es la creaci�n de un puesto directivo ad hoc para David S�nchez, y el hecho de que no solo se crea, sino que m�s adelante se modifica para adaptarse mejor a sus necesidades y/o a sus capacidades. Es importante subrayar que la Audiencia Provincial considera acreditado que la plaza de Coordinador (reconvertida despu�s a Jefe de la Oficina de Artes Esc�nicas) no respond�a a una necesidad objetiva de la Diputaci�n, y que, por tanto, estamos ante una decisi�n arbitraria. La principal responsabilidad es del entonces presidente de la Diputaci�n y de sus colaboradores, pero, y aqu� est� la novedad, la Audiencia considera que David S�nchez no solo acept� beneficiarse de la plaza, como cualquier enchufado, sino que colabor� activamente en la adaptaci�n de las funciones del puesto para que respondiera todav�a mejor a lo que �l sab�a y quer�a hacer.Pues bien, de consolidarse esta doctrina, puede marcar un punto de inflexi�n en lo que ocurr�a hasta ahora, dado que cualquier enchufado podr�a ser considerado colaborador necesario en un delito de prevaricaci�n en caso de que se demuestre que se le ha creado y/o ama�ado una plaza no solo con su consentimiento sino tambi�n con su ayuda, entendida esa ayuda -por lo que dice la sentencia- de una manera bastante amplia. Y en esta situaci�n pueden estar muchas personas. Cierto es que la pena que se impone es de inhabilitaci�n para cargo o puesto p�blico y para sufragio pasivo, de forma que nadie ir�a a la c�rcel por este motivo; pero no podr�a desempe�ar el puesto en el que han sido enchufados. Ni tampoco presentarse a unas elecciones. Y esto da que pensar, porque realmente las cosas podr�an empezar a ponerse feas para los miles de enchufados de este pa�s.En todo caso, creo todos podemos estar de acuerdo en una cosa: lo que describe la sentencia en sus hechos probados -recordemos que la prueba indiciaria es tambi�n una prueba- es la anatom�a perfecta de un enchufe (y espero que Javier Cercas, al que admiro mucho, me perdone el gui�o a su magn�fico libro sobre el 23-F). Tampoco nos puede sorprender mucho, habida cuenta de que estamos en un pa�s en que enchufar a amigos y familiares en el sector p�blico a costa del contribuyente es un deporte practicado desde siempre y con entusiasmo por todos los partidos pol�ticos, en especial en las Diputaciones provinciales, cuyo dise�o institucional es id�neo para este tipo de conductas.En ese sentido, no es casualidad que el precedente de condena por delito continuado de prevaricaci�n administrativa sea el Jos� Luis Baltar, cacique del PP en Ourense, en cuya Diputaci�n enchuf� a m�s de cien personas y que fue condenado igualmente a nueve a�os de inhabilitaci�n para cargo p�blico y sufragio pasivo. La sentencia lleg� a decir que parec�a que la Diputaci�n era una empresa privada en la que se contrataba a quien al se�or Baltar le parec�a oportuno, en la m�s pura tradici�n caciquil espa�ola.M�s suerte tuvo con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, en diciembre de 2023, el ex presidente de la Diputaci�n de Valencia (entonces del PSOE) Jorge Rodr�guez, que fue absuelto de varios delitos de prevaricaci�n, malversaci�n y falsedad documental por entender que no estaba acreditado el dise�o de un sistema artificioso en �reas de direcci�n en una sociedad dependiente de la diputaci�n (Divalterra) para colocar a afines o simpatizantes de los partidos que la dirig�an (el PSPV-PSOE y Comprom�s).Por �ltimo, hay que aclarar que no todo enchufe necesariamente constituye un delito, como tambi�n reconoce la sentencia de la Audiencia Provincial, salvo que la arbitrariedad sea extrema. Sin embargo, lo que est� claro es que se siempre tenemos que considerarlas como conductas �ticamente reprochables y que lesionan principios constitucionales como el del m�rito, la capacidad y la igualdad de acceso a los cargos p�blicos, por no hablar de la erosi�n de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, como tambi�n recuerda la sentencia de la Audiencia Provincial.En suma, el enchufe de David S�nchez es uno de tantos. Desgraciadamente para �l, sus circunstancias familiares le han puesto en el foco medi�tico, pol�tico y judicial. Su condena, no siendo lo habitual hasta ahora, quiz� s� lo sea en el futuro. �Aviso para navegantes? Veremos.Elisa de la Nuez es secretaria general de la Fundaci�n Hay Derecho y abogada del Estado en excedencia