David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, fue condenado ayer a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. La Audiencia Provincial de Badajoz consideró que se dieron irregularidades cuando la Diputación de dicha provincia lo contrató en el 2017 para­ un cargo que inicialmente iba a ser el de coordinador de conservatorios­ y finalmente fue de responsable de la oficina de artes­ escénicas.Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, expresidente de la Diputación de Badajoz y, por tanto, responsable último de la contratación, recibió una condena de 18 años de inhabilitación, como responsable de dos delitos de prevaricación. Otras nueve personas fueron condenadas como autores materiales o cooperadores necesarios. Pero la sentencia admite que “no ha quedado probado” que se ejercieran presiones, por lo que se desestimó el delito de tráfico de influencias, que parecería el más propio de un caso que se ha presentado como enchufismo.La condena conocida ayer queda muy lejos de los seis años de cárcel que pedían las acusaciones populares, frente a la absolución que demandaban el fiscal y las defensas. Pero tiene su peso en el marco de la ofensiva de la derecha contra el Gobierno y, también, en el frente judicial que salpica al Ejecutivo de modo más o menos directo. Desde el PSOE y desde el Gobierno se ha tratado de diferenciar casos como los de José Luis Ábalos o Santos Cerdán, a los que ya han señalado con el dedo acusador, de otros que afectaban a familiares de Pedro Sánchez, como su hermano o su esposa, Begoña Gómez, indicando que estos obedecían a encarnizamiento político, derechista o judicial. La sentencia condenatoria contra David Sánchez obraría en contra de esa diferenciación, aunque el Gobierno no lo ve así.Nueve años de inhabilitación para David Sánchez por prevaricación administrativaEl fallo, como era de esperar, no fue acogido por igual en todos los partidos. Para los que buscan la caída de Sánchez, como son los situados a la derecha, la sentencia aporta nuevas pruebas de que el Ejecutivo está corrompido, lo que le invalida para seguir al mando. Para otras formaciones, como el PSOE, Sumar o ERC, lo que prueba la sentencia es que hay una campaña en contra.Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y de la oposición, manifestó ayer que la condena de David Sánchez “habla bien” del “Estado de derecho” español y “debería reconfortar a todos los españoles”. El líder ultraderechista Santiago Abascal insistió en su conocida tesis de que el Gobierno “es una mafia”.Entretanto, Montse Mínguez, portavoz del PSOE, subrayó algunos aspectos dubitativos de la sentencia y la calificó de “tremenda”. Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, fue más expeditivo al definirla como una “auténtica barbaridad”, que inscribió en “una cacería contra el PSOE y contra Pedro Sánchez”. Ione Belarra (Podemos) presentó el caso de David Sánchez como “enchufismo escandaloso”. Gabriel Rufián (ERC) criticó la sentencia, a su entender impuesta “por la cara”. Para Sumar, el fallo es “desproporcionado”.El delito de tráfico de influencias, propio de los casos de enchufismo, fue desestimadoLa práctica de conseguir un empleo u otra cosa ventajosa mediante recomendaciones o influencias ha sido el motor desencadenante de este caso. En nuestro país este tipo de actuaciones tiene larga tradición y ha sido practicado en administraciones políticas de muy distinto signo, habitualmente sin consecuencias importantes. Casi podríamos afirmar que es tan viejo como el propio país, o poco menos. Sin embargo, en el caso de David Sánchez, que ha tenido un gran eco mediático, la sentencia se queda en una especie de medio camino entre la absolución que pedía la Fiscalía y las altas penas de prisión que demandaban el resto de acusaciones, entre el descarte del tráfico de influencias y el delito de prevaricación que dicta el fallo.El tiempo dirá si el proceso contra David Sánchez, impulsado por organizaciones de derecha y de ultraderecha, marca un antes y un después. O si es únicamente fruto de la polarización que domina la escena política. Algunos dirán ya que abre horizontes de transparencia ­esperanzadores, en el supuesto de que la administración de justicia vaya a actuar con similar severidad en los procesos de este tenor, si los hay. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, aseguró que la condena de David Sánchez, suponía un “día histórico de la democracia española”. Probablemente se trata de una exageración más en el lenguaje político imperante. A no ser que el PP considere que se trata de una sentencia con ánimo ejemplarizante y que todos los casos similares que hay o puede haber en ­adelante y que afecten tanto a la izquierda como a la derecha política­ vayan a ser perseguidos y condenados bajo el mismo baremo­ penal.