Su hijo pequeño corretea por el salón mientras Saray reconstruye la decisión que, hace diez años, cambió su vida. Sentada en el austero comedor de una vivienda situada en un bloque de pisos de la periferia de Palma, aguarda una respuesta que puede determinar si podrá seguir viviendo allí con su familia. Su historia, sin embargo, trasciende su caso personal. Stop Desahucios Mallorca sostiene que la batalla de Saray pone de manifiesto una de las principales lagunas en la aplicación de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda: la falta de activación de la mediación prevista para determinados procedimientos de desahucio promovidos por grandes tenedores antes de reanudar los lanzamientos suspendidos durante la pandemia.
Mientras la plataforma denuncia que esa garantía apenas se está aplicando, Saray continúa intentando regularizar su situación mediante un alquiler social para la vivienda de la Sareb en la que reside desde hace una década. Y es que, más allá del debate jurídico, esta madre de 29 años describe una larga espera para llegar hasta ese momento. Mientras la Sareb sostiene en sede judicial que la afectada rechazó inicialmente un alquiler social, los correos intercambiados con la empresa que gestiona el inmueble por cuenta del llamado 'banco malo' -que no ha respondido a las preguntas de este medio-, muestran que la compañía seguía comunicándole meses después que su solicitud de regularización permanecía 'en estudio', instándola a volver a contactar si transcurridos 45 días no recibía noticias.
