Rosana (50), Antonio (53), y dos de sus hijos (17 y 19 a�os) ser�n expulsados de su hogar en el barrio de la Zona Franca de Barcelona. La familia acumula una deuda por impago del alquiler desde 2012: 165 recibos que suman un importe de 94.650,39 euros y al que se le suman 30.541,81 euros por intereses de demora. En total, 125.192,20 euros.La cantidad es inasumible para la familia. Aseguran que ya se lo han hecho saber a sus demandantes, que son el propietario de la vivienda, el Institut Catal� del S�l (Incas�l), y la arrendataria, la Ag�ncia de l'Habitatge de Catalunya, seg�n consta en la demanda a la que ha tenido acceso EL MUNDO.Ambos son entes p�blicos de la Generalitat encargados de ejecutar distintas pol�ticas en materia de vivienda. En el caso del primero, es "promotor social" en el caso de la edificaci�n y c�lebre por ser el gestor de la fianza de los alquileres regionales. En el caso de Habitatge, es m�s conocida, entre otros, por su gesti�n del parque p�blico de viviendas catal�n y su mediaci�n social en contratos de alquiler privado. Porque, como expresa el art�culo 3 de la Ley 13/2009, una de sus funciones es "evitar que ninguna persona quede excluida de una vivienda por motivos econ�micos y garantizar la estabilidad y la seguridad de los residentes m�s vulnerables".La familia de Rosana lleva desde 2022 sostenida por dos pensiones que en la actualidad rondan los 800 euros tras distintos ajustes: la mujer, antes �nica sustendadora de la familia adem�s de cuidadora de su familia, se encuentra incapacitada a ra�z de un ictus y enfermedades posteriores, mientras que Antonio padece una discapacidad severa (75%) por una enfermedad que le ha impedido trabajar desde hace a�os, y que ha requerido severos tratamientos m�dicos.Mientras tanto, el alquiler original que firmaron con Habitatge en 2012 era de 475,07 euros, pero en la actualidad alcanza los 602,16 euros m�s gastos. Con lo que, en la pr�ctica, llegan a los 700 euros mensuales, explica Rosana. "Yo s� que no he pagado nunca", expresa Rosana, "pero siempre hemos ido hablando con ellos para mejorarlo, para conseguir un acuerdo...". Ahora la deuda de m�s de 125.000 euros es inasumible. El proceso de lanzamiento se ha iniciado, a pesar de los intentos previos de negociaciones: con la intervenci�n de Servicios Sociales, Rosana explica que recibieron la propuesta de costear una parte de la deuda (en torno al 30%) para impedir el desahucio ahora, y pasar a un pago del resto a plazos. Pero esa alternativa queda fuera del bolsillo de los afectados. Antes, Habitatge lleg� a plantearles que pagasen la cuota mensual y asumiesen la deuda poco a poco, y la familia pidi� un recorte de la mensualidad que se ajustase a sus ingresos (y as� empezar a pagar). No se ejecut�."Desde el principio Habitatge sab�a que nosotros no pod�amos pagarlo. Lo sab�an", insiste. En sus visitas a las oficinas p�blicas, "me han llegado a preguntar por qu� me hab�a metido en el piso, si sab�a que no pod�a pagar. �Pues no me iba a quedar en la calle con cuatro hijos!", recuerda.Hace a�os, fueron beneficiarios de los programas de edificaci�n de viviendas econ�micas en el Barrio de El Polvor� (Barcelona), donde se realoj� en viviendas p�blicas a familias en urgencia social. En el momento de la entrada en el que -todav�a- es su hogar, contaban con una renta anual de alrededor de 11.000 euros, gracias a los ingresos de los distintos trabajos de la madre y la pensi�n no contributiva del padre, entonces de unos 300 euros. Eran seis inquilinos, con cuatro menores de edad. Ahora, dos de sus hijos se han independizado y los otros apoyan -como es posible- la econom�a familiar. Mantienen que ahora pueden asumir el alquiler y piden alternativas al lanzamiento. Y evitar hacer frente al coste de una vivienda en Barcelona, donde el crecimiento desmedido de los precios en los �ltimos a�os se ha traducido en una crisis econ�mica y social. Solo en el distrito donde habita la familia de Rosana el precio del alquiler se sit�a en los 19,50 euros por metro cuadrado seg�n Idealista, dispar�ndose un 75,68% frente a 2012.En el interior de un piso de tres dormitorios completados a base de donaciones (un sof� de un familiar, una cama de otro, una vajilla de piezas diferentes...), Rosana lamenta que "vivimos con lo que tenemos porque no nos da ni para comer". Las pensiones y ayudas por la enfermedad han evolucionado en estos a�os, pero no a la misma velocidad que el coste de vida. "No me he negado a pagar nunca", insiste Rosana, solo que el precio de su alquiler se ajustara al ce�ido presupuesto familiar, y "que podamos vivir". La condici�n de vulnerabilidad econ�mica deber� ser solicitada a partir del presente proceso judicial, pero desde hace 14 a�os su precaria situaci�n ha sido constatada y paliada con ayudas como la Renta Garantizada de la Ciudadan�a (antiguo Programa Interdepartamental de la Renda M�nima d'Inserci�, PIRMI) que la Generalitat adjudica a quienes "no dispongan de los recursos econ�micos m�nimos para atender las necesidades b�sicas de una vida digna". Ellos siempre han dejado su caso en manos de su asistenta social, y alegan que gran parte de las ayudas p�blicas, como las destinadas al pago del alquiler, no eran solicitables porque ya acumulaban deuda.Rosana revisa la documentaci�n de su caso de lanzamientoVictoria R�viraAraba PressEn el texto de la demanda, Incas�l y Habitatge recuerdan que el contrato inicial de su alquiler tendr�a una vigencia de cinco a�os, a cuyo vencimiento se revisar�an las condiciones "econ�micas y patrimoniales" y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Que los inquilinos nunca acometieron. Es por ello que hubo un primer lanzamiento en 2016, que fue frenado. En ese momento, el juez estim� que deb�a aplicarse un alquiler social, esto es, ajustado a las condiciones econ�micas de la familia. No hubo variaciones en la renta, ya que la Administraci�n P�blica considera que su propuesta se ajusta a la realidad familiar. Despu�s, en septiembre de 2023 se les notific� que el contrato hab�a finalizado y no se renovar�a. No hubo m�s avisos hasta el recibido el pasado abril, donde se les plante� el lanzamiento. Pero cabe recordar que todos los desahucios quedaron impedidos por el Real Decreto 11/2020, el escudo social que ha ca�do este 2026 por la oposici�n a su renovaci�n (PP, Junts y Vox) y que ahora permite reactivar los procesos.Al reclamo de la vivienda por impago, la demanda de lanzamiento de Incas�l y Habitatge a�ade dos motivos el art�culo 28 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para terminar el contrato de alquiler: "por la p�rdida de la finca arrendada por una causa no imputable al arrendador" o "por la declaraci�n firme de ruina acordada por la autoridad competente". En resumen, Rosana no sabe por qu� tiene que devolver ahora la vivienda social de la Generalitat, responsable del 48% del parque de alquiler social y asequible catal�n en 2024, frente al 23% de inmuebles de fondos espec�ficos para estas rentas econ�micas o el 20% de contratos privados que han sido mediados.Mientras tanto, en su barrio, otras familias se han acogido a servicios como la Mesa de Emergencias de la Agencia de la Vivienda de Catalu�a (AHC), que ampara quienes tienen una emergencia habitacional mediante, por ejemplo, la asignaci�n de viviendas de alquiler social. En 2025, seg�n S�ndic de Greuges de Catalunya (el Defensor del Pueblo en Catalu�a), se abrieron 1.046 expedientes: 552 fueron resueltos de forma favorable, pero solo 303 atendidos. A fecha de septiembre del mismo a�o, quedaban 1.304 unidades de convivencia pendientes de la asignaci�n de una vivienda -ya contaban con una resoluci�n favorable-, de las cuales 747 eran barcelonesas.S�ndic de hecho denuncia en su �ltimo informe que las Mesas "se encuentran actualmente sin capacidad suficientepara atender el incremento de las situaciones de emergencia", tanto en clave de viviendas, como por la atenci�n de los Servicios Sociales. A�aden que los procedimientos se dilatan (522 d�as de media), mientras que las prestaciones p�blicas para prevenir situaciones de desahucio se contraen.En el texto de la demanda que sostiene Rosana entre sus manos se recuerda que, de acuerdo a la ley, se les informar� "de la posibilidad deacudir a las administraciones p�blicas competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluaci�n e informaci�n de situaciones de necesidad social y atenci�n inmediata a personas en situaci�n o riesgo de exclusi�n social, a fin de que puedan apreciar la posible situaci�n de vulnerabilidad de la parte demandada".Preguntados formalmente, desde Ag�ncia de l'Habitatge no hacen comentarios para este reportaje.