El cuarto intento de desahucio acabó siendo el definitivo para Adolfo, su hija y su nieto de cuatro años. Después de varios aplazamientos y de una semana de prórroga lograda gracias a la movilización vecinal, la familia ha sido finalmente desahuciada este martes de una vivienda propiedad de BuildingCenter —la inmobiliaria de CaixaBank— en la que residían en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Un lanzamiento que desembocó horas después en el encierro de un centenar de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en una sucursal de CaixaBank de la avenida de la Albufera, que se ha desarrollado entre un amplio dispositivo policial. La única alternativa habitacional ofrecida por los servicios sociales fue una acogida temporal en el albergue municipal Las Caracolas, una opción que los activistas rechazan por considerarla incompatible con sus circunstancias. Esta noche, mientras continúa la negociación para lograr un alquiler social, los tres dormirán acogidos en la casa de un voluntario de la plataforma. Fuentes de BuildingCenter sostienen que la vivienda se encontraba “ocupada ilegalmente” desde 2018 y niegan que existiera un compromiso para conceder un alquiler social a la familia. “En ningún momento se adquirió el compromiso de negociar un alquiler social”, aseguran. La entidad añade que, pese a los contactos mantenidos con mediadores para intentar encontrar una solución, los ocupantes “nunca aportaron un contrato de alquiler”, como manifiestan haber hecho, “ni tampoco el informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales municipales”. Según el banco, cada caso se analiza de forma individualizada antes de ejecutar un lanzamiento y “así se ha hecho en este caso”. Además, en este procedimiento el proceso judicial siguió su curso tras varios años de tramitación y múltiples recursos, “todos desestimados judicialmente”.La familia llevaba meses negociando con BuildingCenter para permanecer en la vivienda mediante un alquiler social, según explica una portavoz de la PAH Vallekas. La activista recuerda que representantes de la plataforma viajaron incluso el pasado marzo a Barcelona para reunirse con mediadores de la inmobiliaria y que, según sostiene, la entidad se comprometió por escrito a estudiar el caso. “Llevamos desde enero intentando negociar. Lo único que pedimos es un alquiler social”, asegura. La portavoz sostiene además que el desahucio se ha ejecutado pese a que el juzgado todavía no había resuelto un recurso de suspensión presentado por la familia. “Han venido directamente a desalojar. Casi no nos han permitido sacar las cosas y no ha habido manera de negociar”, lamenta. Durante el lanzamiento, añade, la comisión judicial y los agentes desplazados al lugar rechazaron conceder unos días adicionales para retirar algunos enseres de la vivienda. “Les pedimos uno o dos días para sacar algunas cosas y nos respondieron que no, que no se hubieran resistido a irse de la casa”, afirma. La activista considera que la actuación refleja un “maltrato institucional” y critica que, a diferencia de otros procedimientos, en esta ocasión no se atendieran las alegaciones planteadas por la plataforma. La situación resulta especialmente delicada, según la PAH, por la composición de la unidad familiar. En la vivienda residían Adolfo, de alrededor de 60 años, su hija y un nieto de cuatro años que, según explica la portavoz, presenta una discapacidad cognitiva. La organización asegura que el menor ha vivido ya varios intentos de desahucio a pesar de su corta edad. “Lo que necesita es que no le desahucien más”, resume la misma fuente. La plataforma sostiene que los servicios sociales presentes durante el lanzamiento únicamente ofrecieron como alternativa un recurso habitacional temporal. A juicio de la portavoz, esa solución resulta insuficiente para una familia con un menor escolarizado y con necesidades específicas de atención. “No es una solución para una familia”, afirma. Ante esa situación, explica que varios integrantes de la asamblea vecinal se han organizado para alojar temporalmente a la familia mientras intentan encontrar una salida. La protesta de este martes no se limita, según la PAH, al caso de Adolfo. La organización asegura que mantiene abiertos una decena de expedientes similares con BuildingCenter y reclama que la entidad generalice los alquileres sociales para familias en situación de vulnerabilidad. Según la portavoz, muchos de esos casos proceden de ejecuciones hipotecarias o de contratos de alquiler bonificados que posteriormente dejaron de renovarse. En el comunicado difundido antes del desahucio, la PAH acusó además a CaixaBank de incumplir el compromiso de negociar un alquiler social y recordó la participación del Estado en el accionariado de la entidad tras la absorción de Bankia, rescatada con fondos públicos. La organización considera que esa circunstancia obliga al banco a asumir una mayor responsabilidad social en este tipo de situaciones.