La semana pasada unas 60 personas conseguían parar el desahucio de Olalla, una mujer de 40 años madre de tres hijos menores de edad —uno de 10 y dos de ocho años— en la calle Buenos Aires número 30 de Barcelona. Los Mossos expusieron que no podían montar un dispositivo dadas las huelgas de educación. Sin embargo, una semana después, el lanzamiento se ha ejecutado. Siete furgones de los Mossos han llegado al lugar hacia las 9 de la mañana, y han apartado a una cincuentena de personas del Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña, el Sindicato de Inquilinas y la COSHAC (Confederación Sindical de Vivienda de Cataluña), que esperaban en la puerta para evitarlo. Nada han podido hacer, y hacia las diez menos cuarto, la comitiva judicial ha subido al domicilio para comunicarle a Olalla el desahucio. El proceso empezó justo después de que la mujer se separara de su exmarido. Se encontraba en el paro y vivía “una situación de vulnerabilidad social, económica y emocional grave”, según el informe del Ayuntamiento de Barcelona. Olalla acumulaba impagos de mensualidades, pero estos fueron condonados a través de la Ley de Segunda Oportunidad, por lo que sus deudas quedaron saldadas. Aun así, el fondo propietario del edificio, NAD (New Amsterdam Development), rechazó negociar con ella. Es más, es en este edificio de la calle Buenos Aires donde tiene ubicada su sede.NAD es también el propietario del bloque Papallona, en Eixample, y el de Sant Agustí, en Gràcia. La empresa compra edificios, trocea los pisos en habitaciones, y las alquila. Desde el Sindicato de Inquilinas afirman haber encontrado anuncios ofreciendo habitaciones del bloque por 950 euros, un precio parecido al que pagaba Olalla por todo el piso. Carmen Arcarazo, portavoz del sindicato ha estado presente en el desahucio y ha denunciado que Collboni e Illa “en vez de multar a esta empresa que se dedica a saquear Barcelona y hacer colivings, envían a los Mossos d’Esquadra para echar a familias”. “Es una vergüenza”, ha declarado. También estaba presente para mostrar su apoyo Txema Escorsa, vecino del bloque de Sant Agustí al que le aplazaron recientemente el deshaucio tres meses. Olalla ha tenido que ser atendida por una ambulancia mientras la comitiva le notificaba el desahucio por un ataque de ansiedad. El vehículo ha sido aplaudido por las pocas personas que todavía quedaban en la acera. Una vecina del barrio lamentaba que “no entendía” la situación: “Tenía certificado de vulnerabilidad, las deudas saldadas y aun así... No sé que más tenemos que hacer”. Al mismo tiempo, personas que iban y venían se paraban para preguntar qué pasaba. “No tendría que haber preguntado. Ahora tendré todo el día mal cuerpo. Pobre mujer”, comentaba una señora. El futuro de Olalla es incierto. Ni ella ni sus tres hijos disponen de vivienda social. “Ella no quería quedarse aquí. Quería una alternativa, y no la tiene”, ha afirmado una persona del Sindicato.