Ana López vive con su marido Arquímedes en un piso de alquiler de Mataró. Él firmó el contrato en septiembre de 2022 y ella llegó a España desde Venezuela en febrero de 2024, con los tres hijos comunes. Están todos empadronados en la vivienda y los hijos, escolarizados en la ciudad. Pagan mil euros de alquiler, están al corriente de pago y el casero, un particular, quiere echarles. En un caso insólito, acusa a Ana de haber ocupado la vivienda, la denunció por la vía penal y una juez ha ordenado el
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as/desahucios/" target="_self" rel="" title="https://elpais.com/noticias/desahucios/" data-link-track-dtm="">desahucio cautelar.
“Podemos acabar en la calle por una mentira”, advierte angustiada Ana mientras se acerca la fecha: el próximo miércoles 27. “El propietario, el mismo que me acompañó a empadronarme y que cada mes viene a cobrar la renta, dice que me metí en el piso mientras él trabajaba, lo que es completamente falso”, relata. “No entendemos por qué nos denunció, quizás quiere que nos vayamos”, afirma. Apunta que hace unos meses le pidió, de palabra, que se marcharan porque quería recuperar el piso, pero al decir la familia que necesitaban tiempo y recordar que el contrato está en vigor, no volvieron a hablar del tema.
