María Jesús Plaza, la última inquilina de una finca situada en pleno casco histórico de Valencia y que compró un fondo de inversión francés, asegura que agotará su contrato de alquiler en vigor hasta octubre de 2029 después de meses de tensiones con los nuevos propietarios por quedarse. Está de baja por depresión después de dos años de pulso con el fondo por una vivienda que su familia alquiló hace más de 100 años y que ha ido pasando de generación en generación.
Esta diseñadora valenciana, de 60 años, conocida como Susa en el barrio, firmó en 1998 un nuevo contrato por 30 años con los anteriores dueños del inmueble situado en la calle Sogueros de Valencia, pero los actuales propietarios quieren reformar los pisos y sacarlos a la venta como residenciales en uno de los barrios mejor valorados de la capital. “Estoy contenta de poderme quedar en mi casa tranquilamente. Voy a reponer todo lo que me han roto”, afirma en alusión al brutal asalto que sufrió su casa hace dos semanas y que desencadenó una oleada de apoyo vecinal y social a su caso. Al volver un fin de semana a casa, se encontró sus pertenencias tiradas por el hueco de la escalera.
Esta modista es la última residente del antiguo edificio y lleva meses peleando su derecho a la vivienda con los nuevos propietarios. El resto de inquilinos se marcharon, bien porque caducaban sus contratos, bien porque negociaron una indemnización. El multipropietario que le alquiló décadas atrás el piso a su familia vendió el inmueble en 2020. Una año después, Susa y sus vecinos recibieron la primera carta de los nuevos propietarios, informándoles de que iban a iniciar obras de rehabilitación y tenían que desalojar el edificio. Lleva desde entonces denunciando presiones pero ella se aferra a sus años de contrato en vigor en un momento en el que los alquileres están por las nubes.
